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La situación de los privados de libertad en Venezuela se elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) durante el 186 periodo de sesiones del organismo regional.

Las organizaciones Defiende Venezuela, el Instituto Casla, el Foro Penal, Fundaredes y la esposa del capitán Juan Caguaripano expusieron la situación de presos políticos y comunes, así como el hostigamiento contra los activistas de derechos humanos.

Entre los casos que presentaron se encuentran los de Juan José Gámez, quien está privado de libertad desde el 24 de diciembre de 2019. Defiende Venezuela llevó las denuncias de torturas y otros tratos crueles a los que sometieron a Gámez desde entonces.

Qué casos llevaron a la Cidh

También el de José Ernesto Lasorsa, paciente oncológico en estado de salud crítico que estaría detenido en la Penitenciaria Fénix Lara en la ciudad de Barquisimeto» y C.A.Z.S., un recluso que tiene VIH y «no ha tenido acceso a su tratamiento médico desde que fue recluido en la sede del Cicpc de Plaza de Toros, Valencia, Carabobo».

Además, hablaron del director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien tiene más de 600 días detenido, con un juicio que ha sido suspendido en reiteradas ocasiones.

En un comunicado de prensa de Defiende Venezuela, la organización destacó la persecución contra las organizaciones nacionales que protegen los derechos humanos.

“Tamara Sujú no puede regresar a Venezuela, el Foro Penal tiene medidas de protección de la Cidh, a Caguaripano prácticamente le mutilaron los testículos, el director de Fundaredes está preso y Defiende Venezuela recibió una visita del Sebin”, afirmó la presidenta de esta ONG Génesis Dávila.

Mientras que el director de esta organización denunció ante la Cidh que en Venezuela hay «a «un sistema de justicia que es excesivamente tolerante ante las violaciones de derechos humanos, especialmente a los privados de libertad”.

Defienda Venezuela aseguró que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado donde instaron a al goberno de Venezuela que se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos».