El Gobierno de Venezuela conmemoró este martes el primer aniversario del referendo celebrado el 3 de diciembre de 2023, en el que consultó a los ciudadanos, a través de cinco preguntas cerradas, su postura sobre si el país caribeño debía anexionarse el Esequibo, un territorio de 160 mil kilómetros que el país caribeño se disputa con Guyana, cuyo Gobierno lo administra desde 1966.
A través de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que el año pasado el 95% de los votantes "respaldaron la lucha por recuperar esta región", que -agregó- resultó "usurpada ilegalmente por poderes imperialistas".
"En la actualidad, la soberanía de Guyana Esequiba continúa siendo vulnerada por corporaciones al servicio de naciones imperialistas, que intentan reincidir en la colonización de nuestra América", expresó Gil.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el referendo de 2023 votaron 10 millones 554 mil 320, una cifra ampliamente cuestionada debido a la escasa afluencia de votantes registrada en los distintos estados de país durante toda la jornada y a la ausencia de resultados desglosados, en contra de lo inicialmente previsto por la institución.
Guyana ante la CPI
La consulta elevó las tensiones entre ambos países, que mantienen la postura de que el Esequibo forma parte de su territorio nacional. Guyana basa su reclamo en el Laudo de París de 1899, que determinó la frontera terrestre entre Venezuela y Reino Unido, entonces potencia colonial de lo que hoy es el territorio guyanés, y que el país caribeño califica de "fraudulento".
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En marzo de 2018, Guyana presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia para que decida sobre la validez de este laudo, pero Venezuela alega que esta instancia no tiene jurisdicción para conocer la "demanda unilateral" guyanesa sobre la "validez" del fallo dictado en 1899.
Guyana, que continúa gestionando el territorio, ha autorizado licencias petroleras, entre ellas la otorgada a la compañía estadounidense ExxonMobil, en áreas marítimas "sin delimitar", según denunció Venezuela, lo que puede "comprometer recursos" que Caracas considera suyos.
