El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio consideró que la orden de captura dictada en Venezuela contra el presidente de Argentina, Javier Milei, carece de legitimidad y fundamento legal.
La medida, que también incluye a otros altos funcionarios del gobierno argentino, es un acto de retaliación política, según un comunicado del TSJ en el exilio.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó el lunes sobre la orden de detención, a solicitud del Ministerio Público, por el robo del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires y enviado a Estados Unidos y otros delitos relacionados.
El TSJ en el exilio, presidido por Antonio J. Marval, explicó en el comunicado que la ley penal venezolana se rige por el principio de territorialidad, que limita la aplicación de las normas penales venezolanas a los hechos cometidos dentro de su territorio, salvo excepciones establecidas por principios de justicia universal en casos de delitos atroces, lo cual -aseguró- no se aplica al caso mencionado.
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Asimismo, se señaló que el Estatuto de Roma, que crea la jurisdicción penal universal, no cubre los crímenes de los que se acusa al presidente Milei y su equipo, lo que evidencia que el Gobierno venezolano ha instrumentalizado el sistema judicial para ejecutar acciones políticas arbitrarias.
Política pueril
El TSJ en el exilio concluyó que estas acciones reflejan la política pueril del gobierno de Maduro, que utiliza instituciones cooptadas y deslegitimadas para fines políticos, distorsionando el estado de derecho y violentando principios jurídicos internacionales.
Marval señaló que Tarek William Saab, de quien dijo ocupa de manera ilícita el cargo de fiscal general de Venezuela, continúa actuando bajo irregularidades para afianzar su lealtad al Gobierno.
Denunció que en un intento por ser ratificado en el cargo, Saab impulsó acciones sumisas y sin sustento jurídico, como la reciente para enjuiciar al presidente de Argentina.
