Transparencia Venezuela cuestionó algunos de los perfiles de una lista de 561 postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en medio del proceso de renovación que, de acuerdo con la organización, pasaría a formar parte de las conversaciones que se inician este sábado entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el actual Parlamento.
Reseña la web de El Nacional que entre los aspirantes mencionados por la ONG destaca el magistrado emérito Juan José Mendoza, miembro de la Sala Constitucional entre 2010 y 2022, a quien atribuye vínculos cercanos con Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La organización también alertó sobre la postulación de Marjorie Calderón, conocida por integrar el grupo de “magistrados exprés” designados por la Asamblea Nacional de 2014, de mayoría oficialista, días antes de que la oposición ganara las elecciones parlamentarias.
Hizo referencia asimismo al abogado Luis Ortiz Hernández, quien en 2016 denunció haber sido obligado a jubilarse para facilitar nuevos nombramientos en el TSJ.
Transparencia Venezuela también citó a funcionarios de otros poderes, como la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Aime Nogal Méndez, que respaldó los resultados de los comicios presidenciales de 2024, a pesar de la falta de actas e informes del ente rector que certificaran el triunfo de Nicolás Maduro.
Otros perfiles polémicos
De igual manera se suman perfiles militares de alto rango como el mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, titular de la Corte Marcial entre 2021 y 2024, quien emitió acciones judiciales contra los civiles vinculados a las protestas de 2017.
El capitán de navío Ramón Clemente Pires, que estuvo al frente del caso del exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, también forma parte de la lista de aspirantes a ser magistrados del órgano rector del Poder Judicial en Venezuela.
La organización destacó las postulaciones de exjueces y exfiscales sancionados por gobiernos extranjeros o removidos en medio de cuestionamientos, entre ellos Katherine Harrington, vinculada sentimentalmente al ministro de Defensa, Gustavo González López; Zinnia Briceño Monasterios, acusada de coaccionar a jueces en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni; Gilberto Landaeta, destituido de la investigación del asesinato del fiscal Danilo Anderson, y Dinorah Bustamante, que imputó a los dirigentes opositores Juan Requesens y Roberto Marrero tras el presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro.
Lee la nota completa en El Nacional.
