El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este martes 15 de septiembre la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, al señalar que no basta con dejar de aplicarla y que también deben cerrarse las causas judiciales iniciadas bajo esa normativa.
“No basta con dejar de aplicarla. Hay que derogarla y cerrar las causas que produjo”, señaló el SNTP en una publicación difundida en su perfil de la red social Instagram.
Según el recuento del sindicato, 40 trabajadores de la prensa estaban detenidos o judicializados hasta enero de 2026, de los cuales 28 resultaron acusados por delitos contemplados en la Ley contra el Odio.
El SNTP indicó además que siete de cada 10 periodistas judicializados recibieron imputaciones por presuntos delitos relacionados con la promoción o incitación al odio.
Piden revisar causas y medidas cautelares
La organización sostuvo que la derogación de la normativa debe alcanzar también a los trabajadores de la prensa que mantienen procesos judiciales abiertos.
En ese sentido, planteó que las causas, medidas cautelares y otras restricciones derivadas de la aplicación de la ley se revisen y cierren.
El sindicato afirmó que la normativa se ha utilizado de forma recurrente para criminalizar el ejercicio del periodismo y señaló que sus disposiciones han permitido, según su evaluación, mantener procesos judiciales contra trabajadores de la prensa.
La ley establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinados delitos previstos en su articulado.
Una ley aprobada en 2017
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.
El SNTP recordó que esta normativa forma parte de un conjunto de leyes cuya revisión y eventual derogación ha planteado ante representantes de la oposición vinculados a la mesa de diálogo con el Gobierno.
La organización señaló que la discusión sobre estas normas se produce en un contexto en el que está prevista una nueva ronda de conversaciones en Caracas para abordar asuntos relacionados con las garantías civiles y políticas.
