Ante el regreso a clases en los centros de educación superior, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) denunció que las universidades públicas del país enfrentan una grave crisis presupuestaria y laboral que compromete sus condiciones de funcionamiento.
La organización gremial sostiene que las instituciones han sido despojadas de los recursos necesarios para garantizar sus actividades académicas y que operan con déficits presupuestarios de entre 95% y 99%.
“Venezuela ocupa el último puesto en financiamiento universitario de América Latina. Las instituciones operan con un déficit de entre el 95% y el 99%. El Estado no transfiere ni el 5% de lo solicitado”, afirmó Fapuv.
Profesores denuncian congelamiento salarial y pérdida de beneficios
A la insuficiencia presupuestaria se suma la situación laboral de los docentes. Fapuv asegura que los profesores universitarios acumulan más de cuatro años con los salarios congelados, mientras buena parte de su remuneración depende de bonos otorgados por el Ejecutivo.
La federación cuestiona el esquema implementado mediante el Sistema Patria, plataforma utilizada por el gobierno para centralizar pagos, y sostiene que este mecanismo eliminó beneficios históricos e incorporó bonificaciones que, a juicio del gremio, han contribuido al deterioro de las condiciones laborales.
Según la denuncia, un profesor titular a dedicación exclusiva percibe un salario equivalente a 64 centavos de dólar, mientras que su ingreso se complementa con bonos.
Los gremios califican esta situación como una “desalarización de las remuneraciones de los profesores universitarios”, debido a que una parte importante de los ingresos ya no estaría incorporada al salario base ni tendría el mismo impacto sobre beneficios laborales.
El Ejecutivo también estableció un denominado “ingreso mínimo integral” de 240 dólares para trabajadores de la administración pública, mecanismo que, según las organizaciones sindicales, profundiza la sustitución del salario por bonificaciones.
La precariedad de los ingresos, advierten los profesores, ha provocado renuncias y una pérdida progresiva de personal académico calificado.
Universidades enfrentan deterioro de infraestructura y servicios
La crisis no se limita a los salarios. Fapuv asegura que proliferan las denuncias sobre el colapso de los campus universitarios, con instituciones que presentan deficiencias en servicios esenciales como internet, laboratorios, comedores y transporte.
De acuerdo con la federación, estas carencias dificultan el desarrollo normal de las actividades académicas y afectan tanto a profesores como a estudiantes.
Los gremios también cuestionan que la gratuidad de la educación universitaria se haya debilitado en la práctica, debido a que una parte creciente de los costos termina siendo asumida por las familias y por los propios trabajadores de las universidades.
La situación ha generado además protestas y jornadas de huelga por parte de profesores que reclaman mejoras salariales, condiciones laborales y respuestas de las autoridades educativas.
APUCV cuestiona pago del Bono de Responsabilidad Profesional
En medio de la escalada del conflicto, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) cuestionó el mecanismo utilizado por el Ministerio de Educación Universitaria para cancelar el denominado Bono de Responsabilidad Profesional.
La organización calificó el procedimiento como “arbitrario y excluyente” y denunció que parte de la nómina de las universidades habría sido discriminada “sistemática y deliberadamente”.
El cuestionamiento ocurre mientras la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, intenta impulsar una gestión orientada al diálogo y a la búsqueda de soluciones para los problemas acumulados en el sector.
Sanjuán ha sido presentada como parte de la renovación que procura implementar la presidenta encargada Delcy Rodríguez, debido a su perfil académico y a su llegada al ministerio sin una trayectoria conocida de militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
No obstante, las diferencias entre el Ejecutivo y los gremios universitarios se han profundizado durante las últimas semanas.
Fapuv cuestiona cifras oficiales de matrícula universitaria
Otro de los puntos de controversia está relacionado con la matrícula estudiantil.
La ministra Sanjuán informó que 397.556 bachilleres se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingresos, para un total de 363.971 plazas disponibles. Finalmente, según las cifras oficiales, 237.754 jóvenes tienen sus cupos asignados.
Fapuv cuestiona que estos datos puedan interpretarse como un incremento efectivo de la matrícula universitaria.
“La realidad es muy distinta. Estar inscrito no es lo mismo que asistir: el hambre, los apagones y la necesidad de trabajar obligan a miles de jóvenes a abandonar sus estudios”, sostiene la federación.
Para los profesores, las dificultades económicas y las deficiencias de los servicios públicos se han convertido en factores adicionales que obstaculizan la permanencia de los estudiantes en las aulas.
La crisis universitaria, por tanto, no estaría relacionada únicamente con la disponibilidad formal de cupos, sino también con la capacidad de los jóvenes para mantenerse en el sistema educativo.
Gremios denuncian pérdida de autonomía universitaria
Fapuv también alertó sobre lo que considera un proceso de hipercentralización del sistema universitario público.
La federación sostiene que 85% de las universidades públicas del país se encuentran bajo control directo del gobierno, a través de mecanismos como la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la Plataforma Patria y la intervención gubernamental en asuntos relacionados con infraestructura.
A juicio del gremio, estas prácticas afectan la autonomía universitaria y reducen la capacidad de las instituciones para tomar decisiones sobre su funcionamiento.
La denuncia coloca nuevamente en el centro del debate la autonomía de las universidades públicas, principio que los docentes consideran fundamental para garantizar la independencia académica y administrativa de las casas de estudio.
Una crisis que amenaza el regreso a clases
El inicio de un nuevo período académico encuentra a las universidades públicas venezolanas frente a una combinación de déficit presupuestario, deterioro de los salarios, pérdida de beneficios, problemas de infraestructura y cuestionamientos sobre su autonomía.
Mientras las autoridades exhiben cifras de inscripción y asignación de cupos, los profesores advierten que el principal desafío no es únicamente incorporar estudiantes, sino garantizar las condiciones para que puedan permanecer en las aulas y recibir una educación de calidad.
