José Gregorio, mecánico en un taller cerca de la avenida Bolívar Norte de Valencia, cambiaba unos tripoides mientras escuchó en la radio sobre la firma de nuevos acuerdos petroleros con Estados Unidos. La noticia informaba sobre millones de dólares en inversiones y de un mercado energético que se abre al mundo. Sin embargo, al terminar la jornada del día fue a la charcutería de siempre y descubrió que el kilo de queso que compró la semana pasada subió de precio. Para él y el resto de los venezolanos, la bonanza energética fluye por una autopista lejana, mientras el poder de compra de su salario sigue desmoronándose.
Esta brecha entre las promesas de recuperación y el bolsillo de los ciudadanos encuentra explicación en una severa distorsión de variables macroeconómicas. De acuerdo con el economista y profesor universitario Aaron Olmos, la persistencia de la inflación en Venezuela responde a un conjunto de desequilibrios estructurales, ineficiencias y desconfianza en el cono monetario con dinero emitido que carece de respaldo en la producción real.
Los datos oficiales muestran que la inflación no desapareció, aunque sí registró una disminución en agosto. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 8,9 % ese mes, frente al 19,9 % de julio. Sin embargo, el incremento acumulado entre enero y agosto llegó a 200,11 %, mientras que la variación interanual alcanzó 534,21 %.
Para el economista, esa diferencia es fundamental: una menor tasa mensual no significa que los precios hayan comenzado a bajar. Significa que continúan aumentando, aunque lo hagan a un ritmo menor.
Un bolívar que pierde valor
La evolución del tipo de cambio ayuda a explicar la presión sobre los precios. De acuerdo con los cálculos de Olmos a partir de los datos del BCV, el tipo de cambio oficial pasó de 301,37 bolívares por dólar el 2 de enero de 2026 a 832,48 bolívares el 11 de septiembre. La variación en lo que va de año alcanza 172,12 %.
La comparación interanual es todavía mayor: entre el 9 de septiembre de 2025 y el 9 de septiembre de 2026, el tipo de cambio oficial aumentó 629,16 %. En paralelo, la liquidez monetaria, la cantidad de bolívares disponibles en la economía, creció 126 % entre enero y julio, según el último dato disponible citado por el economista, y 562,98 % entre julio de 2025 y julio de 2026.
Olmos advierte que estas dos tres variables, sumadas al aumento del índice de precios del BCV, están vinculadas con la formación de precios y el poder de compra. En una economía donde aumenta rápidamente la cantidad de bolívares y, al mismo tiempo, existe una fuerte demanda de divisas, la presión sobre el tipo de cambio termina trasladándose a los precios.
El precio se fija mirando al dólar
La inflación, explicó Olmos, es el aumento generalizado de los precios. En Venezuela, el BCV la calcula mediante un índice ponderado de una canasta de bienes y servicios, cuyos precios se expresan en bolívares. Por eso, cuando el bolívar pierde valor, el aumento del tipo de cambio termina afectando la medición de los precios internos.
Pero existe otro mecanismo. Muchos comerciantes, productores, importadores y mayoristas fijan sus precios tomando como referencia una moneda extranjera. Generalmente es el dólar, aunque también pueden utilizarse el euro, el peso colombiano en zonas como Táchira o, incluso, referencias como la tasa del USDT.
El objetivo del fijador de precios es protegerse frente a la pérdida de valor del bolívar. Si un proveedor calcula hoy el costo de reposición de un producto en dólares y mañana el tipo de cambio aumenta, actualizará el precio para evitar vender por debajo del costo que tendrá reponer esa mercancía.
El problema termina trasladándose al consumidor. Mientras haya más bolívares buscando dólares, mientras las divisas sean insuficientes para satisfacer esa demanda y mientras los precios se actualicen con referencias externas, la inflación seguirá encontrando combustible.
Más dólares en el mercado, pero una brecha que persiste
El BCV y el Ejecutivo han utilizado la venta de divisas como una de las herramientas para contener las presiones cambiarias. En julio, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez, informó que desde febrero se habían vendido más de nueve mil millones de dólares a través de las mesas de cambio de la banca. El gobierno sostuvo que las operaciones destinadas a la reconstrucción tras los terremotos se estructurarían con recursos en divisas y que su contraparte en bolívares sería compensada mediante ventas de dólares para evitar un impacto sobre la masa monetaria.
Olmos estima que hasta agosto se habían colocado alrededor de 10 mil 200 millones de dólares en el mercado cambiario durante 2026. Esa cantidad, señaló, equivale aproximadamente a 3,18 veces lo colocado durante todo 2025.
La pregunta, entonces, es por qué una intervención cambiaria de semejante magnitud no ha eliminado la presión sobre el bolívar.
La respuesta no está solamente en cuánto dinero vende el BCV, sino en quién logra acceder a esas divisas y en qué cantidad. El mecanismo funciona mediante las mesas de cambio de los bancos públicos y privados. Empresas y personas pueden solicitar divisas a través de las plataformas bancarias, pero el acceso no necesariamente es uniforme.
Un cliente puede solicitar 500 dólares y recibirlos; otro puede encontrar una asignación mucho menor. También existen problemas operativos: plataformas que no funcionan, cortes eléctricos o limitaciones para acceder a las operaciones. Los grandes clientes, incluidas empresas que manejan elevados volúmenes de bolívares diariamente, pueden tener una capacidad diferente para participar en el mercado.
Mientras tanto, el ciudadano que no consigue las divisas que necesita puede acudir al mercado P2P, a plataformas como Binance o a vendedores particulares de dólares físicos. Esa demanda mantiene viva la presión sobre el mercado paralelo.
La brecha cambiaria, según los cálculos referidos por Olmos, llegó a ubicarse alrededor de 21 % o 22 % y posteriormente descendió a 17,58 %. Es una reducción, pero no una desaparición.
El petróleo no entra automáticamente al bolsillo
Aquí aparece una de las principales preguntas de 2026: si Venezuela está firmando nuevos acuerdos petroleros y se anuncian inversiones millonarias, ¿por qué eso no se refleja inmediatamente en los precios, los salarios y el valor del bolívar?
La respuesta pasa por diferenciar ingresos petroleros futuros, inversión y divisas efectivamente disponibles hoy.
El gobierno venezolano anunció a finales de agosto un acuerdo energético con Estados Unidos con vigencia de 25 años y una meta inicial de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Delcy Rodríguez señaló que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el convenio podría generar 209 mil 335 millones de dólares para Venezuela.
Estados Unidos, por su parte, presentó el acuerdo con una estructura que contempla hasta 100 mil millones de dólares de inversión privada y unos 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.
Esos números son importantes, pero no representan 200 mil millones de dólares disponibles de inmediato para financiar salarios, gasto público o intervención cambiaria. Se trata de ingresos proyectados a lo largo de décadas, vinculados al aumento de la producción y a las condiciones de los contratos.
Además, buena parte de los recursos anunciados tiene como destino la inversión necesaria para recuperar una industria petrolera deteriorada. Chevron, por ejemplo, anunció que sus empresas conjuntas en Venezuela prevén invertir más de siete mil millones de dólares para elevar su producción a más de 600 mil barriles diarios hacia 2031.
Por eso, el anuncio de nuevos acuerdos petroleros puede mejorar las expectativas sobre el futuro, pero no resuelve por sí mismo los desequilibrios monetarios que determinan los precios en el presente.
El terremoto añadió una factura inesperada
A los problemas estructurales se sumó un choque que nadie podía incorporar como una variable ordinaria de planificación: los terremotos del 24 de junio.
Olmos considera que Venezuela debe analizarse desde varios puntos de quiebre. Hasta el 31 de diciembre de 2025 existía una expectativa sobre la continuidad de los problemas económicos, sociales y políticos. Después del 3 de enero comenzó otro escenario, marcado por una nueva etapa de inestabilidad y cambios en la conducción política y económica. Y desde el 24 de junio se añadió una tercera realidad: el impacto del doblete sísmico.
Las primeras estimaciones de Naciones Unidas calcularon en 37 mil millones de dólares los daños físicos directos en edificios e infraestructura. La cifra equivale a aproximadamente 3 % del patrimonio inmobiliario expuesto y 4 % del patrimonio de infraestructura. El cálculo no incluye pérdidas indirectas, interrupciones productivas, costos de emergencia ni la reconstrucción integral, por lo que el impacto económico total puede ser mayor.
El PNUD había estimado inicialmente daños físicos directos por seis mil 700 millones de dólares, equivalentes a cerca de 6 % del PIB, en una evaluación realizada inmediatamente después del desastre.
La diferencia entre ambas estimaciones responde al momento y a la metodología empleada. La estimación posterior de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres amplió el cálculo de los daños directos a edificios e infraestructura.
Para Olmos, esos 37 mil millones de dólares representan aproximadamente 1,8 veces el presupuesto venezolano de 2026 y cerca de un tercio del PIB de 2025. Es decir, la reconstrucción añadió una obligación extraordinaria a una economía que ya tenía restricciones financieras.
El economista también considera que la respuesta pudo haber sido diferente con mayor capacidad institucional, hospitales dotados, servicios de Protección Civil fortalecidos y mecanismos de emergencia preparados, como los observados en otros países de la región. La falta de esa capacidad, sostiene, agravó las consecuencias económicas y sociales del desastre.
¿Dolarizar resolvería el problema?
La pérdida de valor del bolívar vuelve recurrente otra propuesta: dolarizar formalmente la economía.
Olmos distingue entre dolarización plena y la situación actual. Una dolarización completa implicaría abandonar el bolívar como moneda de curso legal y expresar en dólares los salarios, activos, pasivos, deudas, rentas y flujos de caja. Una persona que ganara el equivalente a 350 dólares tendría que recibir 350 dólares, en efectivo o digitalmente.
Ese proceso reduciría uno de los principales problemas actuales: el mercado cambiario entre bolívares y dólares. Si todos los precios y pagos se realizan en la misma moneda, desaparecen la necesidad de comprar dólares para proteger el ahorro y, en principio, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Pero también supondría que el BCV perdería la capacidad de emitir su propia moneda. Continuaría ejerciendo funciones financieras y monetarias, regulando el sistema bancario, las tasas de interés y las operaciones financieras, pero ya no tendría al bolívar como instrumento monetario.
Además, la Constitución establece actualmente que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar y asigna al BCV las competencias monetarias nacionales.
Por eso, una dolarización plena requeriría modificaciones jurídicas y constitucionales. Olmos plantea otra posibilidad: un esquema bimonetario, como el de Perú, donde convivan la moneda nacional y el dólar y las personas puedan elegir en cuál realizar determinadas operaciones.
Venezuela ya tiene, de hecho, una dolarización parcial. El dólar circula junto con el bolívar y una parte de los precios, ahorros y transacciones se expresa en moneda extranjera.
Pero para Olmos, dolarizar por sí solo no resolvería la inflación. Tendría que formar parte de un programa económico más amplio, que incluya política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial, con disciplina fiscal sostenida durante varios años.
La deuda también limita la recuperación
Otro obstáculo es el endeudamiento. Olmos sostiene que Venezuela necesita reconocer sus obligaciones y establecer un cronograma de pagos.
La comparación que utiliza es la de una persona que solicita un crédito de 50 mil dólares y deja de pagar durante años. Aunque sus ingresos posteriormente mejoren, tendrá dificultades para obtener un nuevo financiamiento porque su historial muestra incumplimientos.
Lo mismo ocurre con un Estado. Venezuela tiene deuda interna, deuda externa, bonos y obligaciones vinculadas con empresas como PDVSA. El incumplimiento genera mora, litigios y una percepción de alto riesgo que encarece o limita el acceso a financiamiento.
En mayo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos autorizó determinadas operaciones vinculadas con el Gobierno venezolano en relación con una eventual reestructuración de deuda mediante la Licencia General 58.
Las estimaciones sobre el monto total de las obligaciones venezolanas varían ampliamente. Olmos mencionó cálculos recientes de entre 168 mil y 170 mil millones de dólares, aunque existen estimaciones que elevan la cifra hasta 240.000 millones.
La eventual llegada de mayores ingresos petroleros, por tanto, no solo tendría que financiar nuevas inversiones. También tendría que contribuir a ordenar las obligaciones acumuladas del país y recuperar su capacidad de acceder al crédito internacional.
Una moneda no se fortalece con promesas
Para Olmos, la solidez de una moneda depende de la capacidad productiva de la economía que la respalda. No de lo que un gobierno promete producir en el futuro, sino de lo que efectivamente produce.
La estabilidad monetaria requiere coordinación entre las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y comercial. Esa combinación debe traducirse en producción, crecimiento del PIB, generación de divisas y capacidad de exportación.
Venezuela todavía tiene una brecha productiva importante. Olmos cita indicadores de coyuntura que ubican la utilización de la capacidad industrial alrededor de 52 %, frente a niveles cercanos a 78 % u 80 % en economías como Colombia y Brasil.
A esto suma las ineficiencias derivadas de la falta de controles, problemas de gestión y corrupción. Cada ineficiencia tiene un costo y, en última instancia, una parte de ese costo termina incorporándose al precio que paga el consumidor.
El ejemplo está en el campo. Un productor agrícola que traslada desde los Andes o el occidente del país productos como papa, tomate, cebolla, ajo o perejil hacia Caracas o Miranda enfrenta horas de carretera, pérdidas por el traslado y otros costos asociados al recorrido.
Si durante ese trayecto se producen retrasos o se exigen pagos o productos en puntos de control, ese costo no desaparece. El productor no está dispuesto a asumirlo indefinidamente y termina incorporándolo al precio de venta.
Por eso, Olmos considera que la eliminación de alcabalas y la reducción de trabas que generan retrasos e ineficiencias pueden convertirse en medidas con efectos sobre los precios. Una economía eficiente es aquella capaz de alcanzar sus objetivos en el tiempo previsto y utilizando adecuadamente sus recursos. Cuando eso no ocurre, la ineficiencia se convierte en dinero y ese dinero termina trasladándose a la cadena de comercialización.
La desaceleración no es estabilidad
El gobierno tiene una explicación para la moderación de la inflación reportada en agosto. El BCV atribuyó la reducción mensual a una recuperación de los canales de comercialización y a menores presiones en el mercado cambiario, asociadas con una menor variación del tipo de cambio y de los precios. El organismo sostuvo que, después del impacto inicial de los terremotos, la tasa de inflación volvió a un nivel compatible con las acciones de política macroeconómica dirigidas a estabilizar los precios.
Ese dato no debe ignorarse: pasar de 19,9 % en julio a 8,9 % en agosto representa una desaceleración importante. Pero tampoco significa que el problema haya sido resuelto. Los precios siguieron aumentando durante agosto y ya acumulan un incremento de 200,11 % en los primeros ocho meses del año.
En paralelo, el tipo de cambio oficial mantiene una fuerte variación interanual y la liquidez monetaria continúa creciendo a un ritmo elevado, según los datos analizados por Olmos.
La llegada de inversión petrolera puede cambiar la ecuación si logra traducirse en mayor producción, más exportaciones, generación sostenible de divisas, ingresos fiscales y recuperación de la capacidad productiva. Pero ese proceso requiere tiempo.
Mientras tanto, venezolanos como José Gregorio escuchan hablar de inversiones de miles de millones de dólares y acuerdos que prometen cientos de miles de millones en ingresos, pero siguen enfrentando una pregunta mucho más inmediata: cuánto se puede comprar hoy con el dinero que recibió por su trabajo.
La respuesta depende menos de la producción de petróleo que se anuncia para los próximos años que de la capacidad del país para controlar la cantidad de bolívares, estabilizar el tipo de cambio, recuperar la producción, ordenar sus finanzas, atender los daños de los terremotos y reconstruir la confianza en su moneda. Solo cuando esos elementos comiencen a moverse en la misma dirección, el aumento de los ingresos petroleros podrá convertirse en estabilidad y no solamente en una expectativa de recuperación.
