Pedro Eusse, directivo del PCV, aseguró que hace seis años comenzó en Venezuela, un proceso de desmontaje de las conquistas salariales, económicas y sociales, alcanzadas a través de las convenciones colectivas de trabajo.
Eusse, también secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), añadió que en el país también fue derogado el derecho a huelga. Por normas que se establecieron en la ley del trabajo y por la propia conducta del Ministerio del Trabajo, que impide que se puedan iniciar procesos de conflicto colectivo legítimos y legales.
En el ámbito de las libertades sindicales, Eusse denunció las restricciones existentes. Refirió que hay proyectos de sindicatos que no son registrados sin ninguna explicación válida. Hay manipulaciones para que las organizaciones sindicales no puedan realizar sus elecciones sindicales y por lo tanto no pueden representar a los trabajadores en procesos de negociaciones colectivas, ni de introducción de pliegos petitorios o de conflicto.
«Los mecanismos de inamovilidad y estabilidad laboral están en el papel, pero en la práctica no se cumplen. Entonces, en ese marco, se produce una enorme indefensión laboral», apuntó.
Seis años del Memorando Circular 2792
Expresó además que este 11 de octubre se cumplen seis años de la aplicación del Memorando Circular 2792, al que el PCV calificó como un instrumento fatídico, impuesto por el ministro Eduardo Piñate en las escalas salariales y en las convenciones colectivas de trabajo de la administración pública y empresas estatales.
Dijo que a partir de octubre de 2018, se paralizaron las discusiones de convenciones colectivas de trabajo; solamente se procedieron a establecer algunas actas convenios suscritas por el sindicalismo patronal con los representantes de los empleadores y con el apoyo del gobierno nacional, desmejorando conquistas establecidas a través de los procesos de negociaciones colectivas.
«Hay que sacar cuenta de cuánto le dejaron de pagar a los trabajadores, porque eso fue inconstitucional, fue ilegal; fue un acto de fuerza impuesto por el gobierno y la patronal privada y pública; un asalto a los trabajadores», concluyó.
Con nota de prensa
