El secretario político del PCV en Carabobo (electo en la XVI Conferencia Regional), Douglas Gómez, no ve con buenos ojos el planteamiento realizado por el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, en el que propone un cambio en el modelo de remuneración en el país.
En su opinión, ante la grave crisis económica del país, Fedecámaras insiste como salida, una vez más, continuar descargando todo el peso de ella solo sobre los hombros de los trabajadores, sin sacrificar sus márgenes de ganancias ya obtenidas, en el marco de la aplicación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que puso en marcha en el 2018 el gobierno neoliberal de Maduro, y que según el BCV ha venido registrando a partir del año 2021, trece (13) trimestres consecutivos de crecimiento económico, con un PIB del 8.78% en el segundo trimestre del 2024.
Gómez sostiene que Fedecámaras, bajo el argumento de que el "ingreso actual de los trabajadores debe incrementarse para aumentar su capacidad de compra", propone un nuevo modelo de remuneración que a todas luces repite la misma maniobra legal del año 1.997 (reforma de la LOT).
Citó que en esa oportunidad se liquidó el viejo régimen de prestaciones sociales que contemplaba la retroactividad con base al último salario, para sustituirlo por otro que maximizara sus ganancias. Afortunadamente, con la entrada en vigencia de la CRBV, el viejo régimen de prestaciones sociales fue justamente restituido con rango constitucional.
El dirigente afirmó que las prestaciones sociales representan el único patrimonio que le queda al trabajador, al termino de su relación laboral con el patrón. Es decir, luego que su fuerza de trabajo produce toda riqueza. Lo que le reconoce el patrón al finalizar la relación es la parte del salario que el trabajador fue acumulando como prestaciones sociales durante todo ese tiempo.
Afirmó que es falso el argumento de Fedecámaras según el cual, esa parte del salario acumulada (prestaciones sociales) no le sirve a futuro al trabajador, porque pierden su poder adquisitivo frente a la inflación; olvidando deliberadamente que para evitar eso, la ley establece mecanismos de indexación (intereses) que se capitalizan anualmente en las cuentas individuales de cada trabajador.
"Para el PCV esta nueva maniobra de Fedecámaras se inscribe dentro de la agenda de diálogos que adelanta el gobierno de Maduro con el sector empresarial, donde la política de flexibilizacion laboral constituye el eje transversal de los incentivos que se ofrece para la inversión del capital nacional y transnacional en el país".
Aseguró que un aspecto sustancial de esa política de flexibilizacion laboral, es sustituir el concepto legal de salario por el de ingreso míinimo vital o remuneración, que como es bien sabido, no tienen incidencia en el cálculo de las prestaciones sociales y otros beneficios legales.
