La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves el presupuesto presentado hace dos días por el Gobierno para el próximo año, de unos 22 mil 662 millones de dólares, casi un 11% más que lo calculado para 2024.
Durante la sesión, el Legislativo aprobó "todas y cada una de sus partes" de la 'Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2025', que establece un monto en bolívares "equivalente" a 22 mil 662 millones de dólares, según explicó el martes la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez.
El documento, posteriormente trabajado "de manera urgente" por la Comisión de Economía de la AN, según el presidente de la Cámara, el chavista Jorge Rodríguez, deberá promulgarlo el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
En la presentación del presupuesto, la vicepresidenta explicó que el 77,6% del monto se destinará a la inversión social, a la cultura y comunicación, ciencia y tecnología, infraestructura y obras públicas, así como a la educación, salud, vivienda y seguridad, entre otros.
Plan operativo
Para 2025 está previsto, según el Ejecutivo, poner en marcha un "plan operativo" que contempla un total de 290 proyectos, varios de ellos relacionados con los discutidos en "consultas populares".
La funcionaria, que no detalló en qué se destinará el 22,4% restante, dijo que el presupuesto tiene "entre sus pilares" la recaudación tributaria, que creció -dijo- un 120% entre enero y noviembre de 2024, en relación con el mismo período de 2023.
Por otra parte, el Parlamento también aprobó este jueves la 'Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2025', sin mayores explicaciones sobre el instrumento.
La AN dio luz verde a ambas propuestas a casi un mes del comienzo del período presidencial 2025-2031, con la toma de posesión del ganador de las elecciones de julio, en las que Maduro resultó proclamado vencedor, un resultado señalado como "fraudulento" por la oposición mayoritaria, que confía en que su candidato, Edmundo González Urrutia -exiliado en España-, regrese al país para jurar como jefe de Estado, en contra de lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Condecoración para los 21 sancionados por Estados Unidos
Por otro lado, la Asamblea Nacional aprobó este jueves una ley para la creación de una condecoración solicitada por el presidente Nicolás Maduro para honrar a los 21 chavistas sancionados por Estados Unidos el pasado noviembre, entre ellos, la segunda vicepresidenta del Parlamento, América Pérez.
En una sesión ordinaria, transmitida por el canal del Parlamento, la Cámara detalló que esta condecoración está destinada a "enaltecer" a los venezolanos y extranjeros "merecedores" de la misma, por su "actuación y compromiso manifiesto" en la defensa de los intereses de Venezuela.
Según la norma -oficialmente 'Ley de Creación de la Condecoración Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho'-, el presidente de Venezuela es el jefe de la condecoración y, en consecuencia, podrá, por iniciativa propia, otorgar e imponer este reconocimiento.
Esta condecoración lleva por nombre Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho en referencia a una batalla que, hace casi 200 años, "determinó el fin del imperio español" y su creación está enmarcada en un contexto de "agresiones" por parte del "imperio de los Estados Unidos", dijo recientemente la diputada chavista Rosa León.
Acusados de represores o de contribuir al fraude electoral
La ley fue propuesta luego de que Estados Unidos sancionara a 21 altos cargos, a quienes el Departamento del Tesoro acusa de "represión" y de intentar "robar las elecciones" del 28 de julio, cuando el organismo electoral proclamó la reelección de Maduro, una victoria que la mayor coalición opositora considera "fraudulenta".
Entre los sancionados está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de varios cargos militares de diferente rango que desempeñan sus funciones en diversos departamentos del país, y directivos de otras instituciones estatales.
Bajo esta decisión, quedan bloqueadas todas las propiedades personales de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con estas personas.
Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado, a título personal, a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país por acometer "acciones antidemocráticas".
