Más de 15 organizaciones del sector agroalimentario del país se unieron para pedir al Ejecutivo la renovación de la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que venció en diciembre de 2023 con consecuencias negativas durante el último año.
Se trata del Decreto 3.920 que corresponde al lapso 2022-2023, luego de varias renovaciones hechas desde el 18 de julio de 2000, que promovieron la inversión y el crecimiento en el sector, que, según cifras oficiales, alcanzó en el 2022 el 5%.
A través de un comunicado firmado por representantes de diferentes cámaras, explicaron que la exoneración del ISLR permite a los productores agropecuarios reinvertir sus ganancias en la modernización de sus unidades de producción, la adquisición de nuevas tecnologías y la mejora de la infraestructura. Esto se traduce en un aumento de la productividad, una mayor eficiencia en los procesos y un impulso a la innovación en el campo.
Es por esto que en octubre de 2024 consignaron la solicitud ante el despacho de la ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Anabel Pereira Fernández, para pedir la exoneración del ISLR por cinco años.
Destacaron que este beneficio no se otorga de forma indiscriminada. Para acceder al mismo, los productores deben demostrar que están reinvirtiendo el monto equivalente al impuesto en mejoras e inversiones productivas.
Este mecanismo garantiza que el beneficio fiscal se traduzca en un mayor desarrollo del sector y en una mayor producción de alimentos para el país.
Consecuencias del pago del ISLR
Las posibles consecuencias negativas de la no renovación del decreto están relacionadas con el aumento de la carga fiscal de los productores, lo que podría traducirse en presión sobre los precios de los alimentos.
Además, la incertidumbre generada por la no renovación de la exoneración del ISLR podría desalentar la inversión en el sector, afectando su crecimiento y desarrollo a largo plazo, lo que llevaría a una reducción de la producción nacional de alimentos, aumentando la dependencia de las importaciones.
Todo esto tendría impacto en la economía en general, al afectar el empleo, la generación de divisas y el crecimiento económico.
En este contexto, aseguraron que es fundamental que el Gobierno Nacional proceda a una nueva renovación del Decreto de Exoneración del ISLR, como una medida que no solo beneficiaría a los productores, sino a toda la nación, asegurando el acceso a alimentos de calidad y promoviendo el desarrollo económico y social de Venezuela.
Con información de nota de prensa.
