La coacción de los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales denunciaron sus familiares ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Además de audiencias sin notificación, realizadas a altas horas de la noche e, incluso de madrugada, se suman las amenazas de los custodios"Por terroristas se van a pudrir en la cárcel” escuchan repetidamente los 952 presos políticos que se encuentran en el Internado Judicial de Aragua, en Tocorón.
En nota de prensa enviada a esta redacción por el OVP, los familiares aseguran que los han estado coaccionando para que admitan los hechos. "Pero ellos están muy claros: nadie puede declararse culpable de un delito que no ha cometido y del que tampoco tienen pruebas”.
La amenaza en concreto señala que si no asumen los hechos se enfrentan a una pena de cárcel de hasta 20 años. Los detenidos se alteran, pero no han cedido. A la fecha, en las audiencias realizadas ninguno se ha declarado culpable. Todos han sido pasados a juicio.
Audiencias de madrugada en Tocorón
Respecto a las audiencias, los familiares denunciaron que a los privados de libertad ya les habían fijado fecha para la audiencia preliminar. Algunas eran después del 15 de octubre, pero las comenzaron adelantar sin notificación. Las hacen vía telemática desde el mismo penal, en horarios inusuales, unas audiencias las inician a medianoche y otras en plena madrugada.
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A los detenidos también se les quieren hacer firmar y poner sus huellas en hojas en blanco, supuestamente para indicar que sí tuvieron acompañamiento de un abogado. Estas audiencias, sin embargo, se llevaron a cabo sin permitir el ingreso de los abogados de confianza. Ninguno ha firmado, todos se declararon inocentes.
Los defensores públicos impuestos no presentaron los documentos enviados por los familiares, como cartas de buena conducta, constancias de estudio, de trabajo, deportivas o informes médicos. “Solo se quedan callados y no defienden a quienes son inocentes”.
El director del OVP, Humberto Prado, pidió a los familiares que, pese a la dura situación que confrontan, les digan a los privados de libertad que no admitan los hechos. "Hay mucha gente y organizaciones trabajando para que tengan justicia”.
Un vidrio como barrera
Las madres hacen largas colas para ver a sus hijos en la cárcel de Tocorón. Una vez entran al penal registran sus datos, les toman fotografías y los custodios les explican que si lloran o hacen escándalos les suspenderán la visita. Posteriormente pasan a un cubículo de revisión, no las desnudan, pero sí inspeccionan su cabello y las funcionarias hacen una requisa encima de la ropa. Finalmente pasan por un detector de metales.
Las mujeres que van a la visita deben cumplir con el código de vestimenta, igual al de otros penales: ropa interior blanca, franela blanca, blue jeans y sandalias. No les permiten el ingreso de alimentos ni agua, lo único que deben llevar es su cédula de identidad.
Al llegar hasta donde están sus hijos no les pueden dar un abrazo para calmar sus miedos ni tampoco sobar sus manos para demostrarles amor, porque los separa un vidrio. Se comunican a través de un telefóno y solo tienen 10 minutos para hablar.
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Durante la visita los vigilan de lado y lado. Los funcionarios están pendientes de lo que dicen y recuerdan insistentemente que tienen un minuto menos, situación que genera mucho estrés a los familiares y detenidos.
Las madres encontraron a sus seres queridos bastante delgados y denunciaron que la alimentación no es la adecuada. Comen poca proteína y en mal estado.
Esto ya se lo esperaban los familiares porque antes de que les permitieran la visita, había un grupo de parientes que pernoctaba en las afueras de Tocorón y escuchaban gritar a los detenidos constantemente que “tenían hambre”. Una madre asegura que los gritos los hacen por unas colmenas y es así cómo se enteraron.
Humberto Prado calificó el trato a detenidos y familiares como inhumano y degradante. En la historia penitenciaria de Venezuela nunca se había empleado esta práctica. "Además es un procedimiento regresivo y no progresivo para las personas privadas de libertad”.
El OVP sigue documentando denuncias de los parientes y cada una de ellas se llevará a instancias internacionales. Prado exigió respeto a los derechos humanos de cada uno de los detenidos y que además se respete el derecho a su legítima defensa.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
