El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) de la isla publicó un nuevo decreto que reorganiza el marco regulatorio de la actividad comercial. De este modo, la actualización del comercio interior en Cuba autoriza formalmente la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y redes gastronómicas a nivel nacional.
La normativa, denominada Decreto 167, busca reestructurar un sector que desde el año 2021 abrió sus puertas a nuevos actores privados como las mipymes y cooperativas. Por lo tanto, el plan busca modernizar la actividad mayorista y minorista fomentando las alianzas entre los sectores estatal y no estatal.
Asimismo, la disposición promueve el desarrollo local, la inversión extranjera y el uso de la ciencia y la tecnología para optimizar los suministros. En consecuencia, el texto legal autoriza expresamente que las transacciones comerciales dentro de la isla se realicen tanto en pesos cubanos como en divisas extranjeras, reportó Infobae.
Clasificación de locales
Por otra parte, las autoridades de la isla implementaron la Resolución 23 para agrupar los establecimientos según su calidad y confort en categorías de Alto Nivel, Nivel Medio y de barrio. Además, la norma clasifica los comercios en cuatro ramas específicas: venta de mercancías, gastronomía, servicios personales y alojamiento.
En este sentido, la Resolución 24 fija las exigencias técnicas obligatorias para todos los operadores, tanto naturales como jurídicos. Por ende, los comercios deben incorporar de manera obligatoria canales de pago electrónico y mostrar un identificador visual que aclare el tipo de actor económico.
Un paquete de reformas
Finalmente, este grupo de medidas forma parte de un paquete global de 176 reformas económicas aprobadas por el gobierno estatal durante el mes de junio. Actualmente, el 76,1 % de estas iniciativas ya cuenta con el soporte jurídico necesario para dinamizar áreas clave como la agricultura y el sector inmobiliario.
Esta reestructuración legal coincide con una profunda crisis que arrastra la isla desde hace seis años, la cual se intensificó desde enero debido al bloqueo petrolero estadounidense. No obstante, las autoridades continúan impulsando estos cambios para otorgar mayor autonomía a las empresas estatales y permitir la participación de capital privado.
