"Debería estar pensando en la salud de mi bebé, en si estará creciendo bien, y, sin embargo, aquí nos tienes a mi marido y a mí, preocupados de si tendrá o no la ciudadanía cuando nazca".
No es la angustia más común de una embarazada de cuatro meses. Tampoco lo era para Meny* hasta la semana pasada.
Pero desde que el 20 de enero, el primer día de su presidencia, Donald Trump firmara una orden ejecutiva con el objetivo de que no todos los nacidos en Estados Unidos sean considerados ciudadanos estadounidenses —algo consagrado en la Constitución desde hace 160 años— no puede pensar en otra cosa.
"Mi hijo ni siquiera vino al mundo y ya le están violando derechos", le dice a BBC Mundo esta hondureña solicitante de asilo que lleva en California desde 2021.
"Y eso se suma a la incertidumbre que ya tenemos los migrantes, millones de nosotros, que no sabemos cómo se van a resolver nuestros casos", se lamenta nada más dejar a su otro hijo, Maximiliano, de 8 años, en el autobús escolar.
Las migrantes embarazadas
"Hay mucho miedo de lo que pueda pasar".
160 años en la Constitución
Trump llevaba tiempo advirtiendo que, de llegar a la Casa Blanca, tendría la ciudadanía por nacimiento en el punto de mira como parte de sus esfuerzos para restringir la migración.
Así que a muy pocos agarró por sorpresa que el 20 de enero estampara su firma en una decisión presidencial titulada "Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense".
En ella, se ordena a las agencias federales no emitir documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense de los niños nacidos de madres que estén en el país "de forma ilegal" o con un estatus legal temporal, como visas de trabajo o de estudiante, a menos que el padre sea ciudadano o tenga un permiso de residencia permanente (green card).
Se trata de un intento de reinterpretar la 14ª enmienda de la Constitución, que fundamentalmente establece que todo aquel que haya nacido o se haya naturalizado en el país es ciudadano estadounidense.
Enmienda fue ratificada tras la Guerra Civil
La enmienda fue ratificada tras la Guerra Civil, en 1868, ya abolida la esclavitud, para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados que habían nacido en EE.UU. Se anulaba con ello una sentencia anterior de la Corte Suprema que establecía que los afroestadounidenses nunca podrían ser ciudadanos.
Sin embargo, partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan hoy que la política es un "gran imán para la inmigración ilegal" y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente "turismo de natalidad" o tener un "bebé ancla".
Y defienden que existe base legal para restringirla, argumentando que los hijos de migrantes indocumentados nacidos en el país no están sujetos a la jurisdicción de EE.UU., y por lo tanto, no les corresponde la ciudadanía automática. Así lo afirma también la orden ejecutiva.
De acuerdo a Pew Research, en 2016 nacieron en EE.UU. 250 mil bebés de inmigrantes no autorizados para residir en el país, un 36% más que la anterior cifra récord registrada en 2007.
Para 2022, los datos más recientes disponibles, había 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses hijos de padres inmigrantes sin residencia legal.
Pero como esos niños al crecer también tienen hijos, el efecto acumulativo de restringir la ciudadanía por nacimiento elevaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones para 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
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