La derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia debe ser inmediata. Desde su promulgación en noviembre de 2017, se convirtió en uno de los instrumentos utilizados por el régimen venezolano para castigar y limitar el pensamiento de quienes le adversan, criminalizando expresiones y opiniones, entre ellas las de periodistas que denunciaron corrupción, violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y la ineficiencia del modelo chavista-madurista.
Esta ley debe desaparecer si pensamos en una reconstrucción del país en la que pueda materializarse una verdadera reconciliación nacional. Hizo muchísimo daño. Separó familias, llevó a venezolanos a prisión y sirvió para bloquear medios digitales que hoy, a cuentagotas, comienzan nuevamente a ser accesibles en Venezuela, en lo que algunos interpretan como una supuesta muestra de buena voluntad. Pero la tragedia fue mucho más allá. Este instrumento legal y su carácter punitivo también permitió retirar contenidos, imponer sanciones y utilizar mecanismos administrativos contra medios de comunicación.
Los números permiten dimensionar parte de ese daño. Espacio Público ha documentado al menos 113 casos de criminalización de expresiones mediante esta norma entre 2017 y diciembre de 2025. Solo durante 2025 registró 14 hechos que llevaron a personas a prisión. El dato relacionado con la prensa resulta particularmente revelador. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), hasta enero de 2026 había 40 trabajadores de la prensa detenidos o judicializados en Venezuela.
En este contexto y visualizando una Venezuela renovada, no basta con cambios y reformas parciales. En el registro histórico venezolano, la Ley contra el Odio aparece como un instrumento jurídico utilizado para acusar de instigación al odio a ciudadanos por sus expresiones. Muchísima gente fue víctima de este artilugio jurídico que, bajo una finalidad declarada —combatir el odio—terminó funcionando también para restringir determinadas expresiones.
Sin duda, estamos ante un mecanismo legal que dejó dolor, miedo y consecuencias profundas en la sociedad venezolana. La sociedad civil organizada y, en especial, organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, las iglesias, universidades, escuelas de Comunicación Social y gremios profesionales en general, deben unir voluntades para que esta ley quede como un mal recuerdo en los intentos por socavar la libertad de expresión y controlar el discurso público.
La discusión, además, ya está planteada. Mientras desde el Gobierno se ha propuesto una reforma parcial de la Ley contra el Odio, distintos sectores de la sociedad civil y organizaciones gremiales han solicitado su derogación. Incluso se han presentado acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia para cuestionar su constitucionalidad.
Y es precisamente allí donde está el punto central: no basta con reformar una ley que nació con una concepción punitiva del discurso público. Si Venezuela aspira realmente a reconstruir sus instituciones, recuperar la confianza ciudadana y abrir las puertas a una reconciliación nacional, debe garantizar que nadie vuelva a ser perseguido por expresar una opinión, cuestionar al poder o denunciar sus abusos. Una democracia no se construye diciéndole a los ciudadanos qué pueden pensar o expresar. Se construye garantizando que puedan hacerlo, incluso cuando sus opiniones resulten incómodas para quienes gobiernan.
Por eso, la Ley contra el Odio debe desaparecer. No como una concesión a un sector político, sino como parte de una necesaria reconstrucción nacional. Porque combatir el odio es una responsabilidad de toda sociedad democrática; utilizar esa lucha para silenciar el pensamiento es otra cosa.
