“Ahora te piden que abras WhatsApp y pongas en el buscador Maduro, guarimba o María Corina, a ver qué consiguen”, dijo un caraqueño que pidió no ser identificado en una zona popular de la capital venezolana sobre la conducta de los cuerpos de seguridad del Estado después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Aunque el nivel de patrullaje y alcabalas ha bajado, especialmente después de la partida del candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España, en zonas populares de Caracas como El Valle, Caricuao, Petare y Catia, la gente sigue con cautela y evita confrontar a cualquier uniformado.
Tampoco es que la relación entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad era cordial, pero según las propias cifras del gobierno, luego de los comicios del 28J, alrededor de 2 mil 400 personas fueron detenidas, entre ellos más de 100 adolescentes.
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Odio, violencia, traición, delincuencia y conspiración son las etiquetas impuestas a los apresados
El régimen madurista a través del Ministerio Público controlado por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, les imputa delitos de odio, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.
Y es que en los sectores populares fue donde las protestas poselectorales se hicieron sentir más. Luego que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, leyera un escueto comunicado dando como ganador a Nicolás Maduro, cientos de personas se lanzaron a las calles a protestar por el cuestionable resultado. La reacción desató una ola represiva por parte de funcionarios que decantó en una veintena de muertos, heridos y miles de detenidos.
“Tu sabes que yo no hablo de esos temas”, dijo otro de los caraqueños entrevistados, quien vio de cerca la represión en barriadas y ahora ni se atreve a tocar el tema de la política con sus vecinos por miedo a la delatación.
Persecución por parte de los cuerpos de seguridad hacia la población
No solamente en la calle aprehendieron a personas, agentes de seguridad buscaron en sus casas a personas opuestas al régimen. A algunas casas las marcadas con una "X" y un simple estado de WhatsApp era suficiente para subir a una patrulla. Posteriormente se le llevaba a una cárcel común como Tocorón, Tocuyito o Yare.
“Después de las elecciones del 28J, el gobierno tomó una posición sumamente represiva y agresiva frente a las concentraciones, el 29J cualquier persona que estuviera en la calle la detenían arbitrariamente”, dijo Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia.
“Sacaron a gente de sus casas en sectores populares porque ellos fueron los que más manifestaron, la política de Estado se basaba en crear un ambiente de miedo y terror para que la gente no se manifestara”.
Louza denunció que las personas detenidas se encuentran prácticamente incomunicadas.
“Trasladados a zonas lejanas donde conviven en una situación de precariedad, a todos se les imputaron los mismos cargos sin hacer distinción, eso causó un pánico importante en la población, el discurso desde el poder es bastante violento”.
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