La Justicia chilena procesó por primera vez a cinco personas por sustracción ilegal de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Esto supone un hito en el país suramericano, ya que hasta ahora ningún juez había logrado acreditar la existencia de una red de adopciones ilegales durante el régimen, informaron este lunes fuentes oficiales.
En un fallo sin precedentes, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ordenó prisión preventiva para cinco personas acusadas de "asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. La adopción irregular de dos menores de edad ocurrió en la comuna de San Fernando y fueron entregados a matrimonios extranjeros", indicó el Poder Judicial en un comunicado.
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El magistrado logró acreditar que en la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza. Se encargaban de detectar y entregar en adopción a menores de edad, cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50 mil dólares", apuntó el comunicado.
Adopciones ilegales en la dictadura chilena
La líder de la supuesta red era Ivonne Gutiérrez Pavez, la entonces titular del Juzgado de Menores de San Fernando. Actualmente reside en Israel.
El juez Brevis solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extradición de la acusada. Lo hizo en virtud del Convenio Europeo de Extradición, que incluye al Estado de Israel y que acaba de entrar en vigor, afirmó el texto.
Unos 20 mil menores chilenos fueron adoptados de forma irregular por familias extranjeras durante el régimen. De ellos sólo mil se han reencontrado con sus familias, según cifras del Poder Judicial.
Entrega de tutela o registros falsos
La salida de los menores al extranjero fue principalmente con dos métodos: por entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes del país de destino. La otra, por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio en otro país.
Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014. Pero no fue hasta 2018 cuando la Justicia chilena abrió una investigación sobre uno de los episodios más oscuros de la dictadura.
Cuatro años después, el Gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó un plan piloto para localizar a víctimas de adopciones ilegales. Se busca esclarecer las irregularidades cometidas durante el régimen pinochetista.
