El primer fraude electoral en Venezuela se produjo en 1897 cuando no existía el voto directo y universal. La víctima fue el general José Manuel Hernández, el mocho, quien se alzó en armas y resistió activamente durante un año. El perpetrador fue el General Andrade, desplazado luego por la Revolución Restauradora que llevó a Miraflores a Cipriano Castro, acompañado de su compadre Juan Vicente Gómez.
El enfrentamiento no democrático al fraude produjo un resultado contrario al deseado: abrió puertas a la que ha sido hasta ahora la dictadura mas prolongada en nuestro país. Un desenlace que hay que tener en la memoria, aunque las condiciones sean distintas.
En la actualidad, una parte determinante de los electores considera que el 28 de julio se produjeron dos hechos inocultables: 1) El anuncio de un ganador sin cumplir con requisitos legales para su proclamación, sin validarlo mediante las actas ni aceptar reconteo. 2. La firme voluntad de la cúpula gobernante de acentuar la subordinación del órgano electoral al Ejecutivo, anulando la separación y autonomía de los poderes públicos.
Es natural que esos episodios hayan desatado una reacción de rechazo al voto, en vez de reivindicar y rescatar su significado. Ese el motivo y la justificación para que una mayoría de opositores haya regresado a la abstención.
Se han conformado así dos bloques de opinión opuestos, pero que no necesariamente tienen que ser excluyentes: Uno llama a ausentarse del proceso electoral para poner en evidencia, vía resistencia pasiva, que la mayoría de la población rechaza al gobierno. Otro, pide defender el voto votando, vía resistencia activa, para impedir que el gobierno se apropie de todas las gobernaciones y de la Asamblea Nacional.
Ambas posiciones comparten el objetivo de restablecer la aplicación de la Constitución y recuperar el carácter democrático de las elecciones. Pero hay una distorsión que convierte un debate en una guerra a muerte cada vez que posiciones contrarias se manejan como excluyentes y verdades parciales se toman como absolutas.
Para algunas personas, decidir por una u otra posición, constituye un dilema real a resolver en medio de dudas razonables. Los resultados de cada posición van a ser distintos y llama la atención por qué cuando el gobierno tiene menos gente que nunca, se pide al país que no repita la movilización, organización y combatividad del 28 de julio.
La decisión puede estar vinculada a la aspiración de dirigentes principales de la oposición de crear una fuerza hegemónica y transferir el eje de lucha de lo interno a la nueva realidad geopolítica: ahogar al régimen en sanciones, agravar la ´desesperación de la mayoría y estimular conflictos que fracturen la estructura de poder. El voto cambia de sentido porque su función pasa a ser legitimar un cambio estratégico que abandona la vía electoral por una violencia procurada por agentes externos. Y ese es el fondo de lo que se va a elegir si se vota o no.
La actual dirección principal de la oposición tiene derecho a ejercer la mayoría. Pero también tiene el deber de no criminalizar y excluir a sus disidencias. Desconocer a las minorías es anular reglas democráticas como el pluralismo que exprese intereses y aportes diferentes; sustituir argumentos por descalificaciones y usar etiquetas para eliminar la sana competencia y la necesidad de conjunción, por el país, entre liderazgos con diferencias.
La presencia de rasgos autoritarios en el seno de la oposición es una victoria invisible del régimen porque le recorta terreno a la democracia. La consolidación de un liderazgo único; la ostentación de una supuesta supremacía ética; el abandono de la rendición de cuentas son retrocesos que empoderan cúpulas para disminuir poder de los ciudadanos. Su probable consecuencia podría ser, no la derrota de un sector sino la imposibilidad de construir una alternativa a la autocracia como poder patrimonialista.
El gobierno quiere eliminar el valor del voto para suprimir el peso de instituciones como la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores regionales. Alcaldes y Concejales. La instauración del poder de las comunas requiera desprestigiar y dejar sin poder al voto.
Si la oposición abandona el voto, entrega su primera línea de defensa. Y lo hace a nombre de una confusión: la fuente de legitimidad de los autoritarismos no reside en los votos sino en la fuerza.
Pero defender el voto ejerciéndolo adquiere eficacia sólo si forma parte de una estrategia para extender la democracia formal e informal, cultural, vivencial y relacional a todos los lugares de la sociedad. Una estrategia de lucha que sea desafío al poder, pero que admita acuerdos y consensos.
Los demócratas deben comprender que la ausencia de votantes en los procesos electorales es una pérdida. Las democracias, como las lagartijas, mueren cuando sus colas dejan de moverse. Es decir, cuando no haya votantes, que junto con dividirnos, es hoy la manera de subsistir que le queda al poder si se niega a encausar una transición a partir de permitir elecciones con garantías constitucionales y democráticas.
