Preocupación por el impacto humanitario provocado por los terremotos del 24 de junio en Venezuela expresaron, este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), entes que también recordaron que la emergencia ocurre en medio de una crisis preexistente que limita la capacidad estatal para garantizar una respuesta efectiva.
Reseña la web de El Nacional que la CIDH enfatizó en un comunicado que el Estado venezolano debe garantizar los derechos humanos de la población afectada durante todas las etapas de la emergencia, recuperación y reconstrucción, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
“El Estado debe garantizar los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), de manera integral y transparente, atendiendo las necesidades diferenciadas de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad”, afirmó el organismo.
La comisión indicó que los sismos ocurrieron en momento marcado por “la ausencia de Estado de derecho y de emergencia humanitaria”, que estaría caracterizado por afectaciones al sistema sanitario, dificultades económicas, deterioro institucional y limitaciones en el acceso a servicios básicos como agua potable, alimentación y atención médica.
Señaló que en 2025 alrededor de 20 millones de personas en Venezuela vivían en situación de pobreza multidimensional, mientras que en 2024 cerca de 13,5 millones enfrentaban necesidades críticas registradas en el capítulo IVB del Informe Anual de la organización.
CIDH cuestiona falta de información consolidada sobre víctimas
La CIDH manifestó preocupación por la falta de datos oficiales completos sobre la magnitud de los daños ocasionados por los terremotos. Según cifras citadas por el gobierno, hasta el 24 de julio se contabilizaban al menos 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 rescatados y 128.324 familias que habrían recibido asistencia estatal.
Sin embargo, la comisión señaló que no existe información oficial consolidada sobre personas desaparecidas o no localizadas. Indicó que organizaciones de la sociedad civil han reportado al menos 29.484 personas con las que todavía no se habría logrado establecer contacto.
“A tres semanas de la emergencia, persisten serias preocupaciones sobre la garantía de los Desca en las zonas afectadas”, afirmó la CIDH.
Advirtió sobre la presión que continúa enfrentando el sistema hospitalario, las dificultades para acceder a agua potable y saneamiento, así como la necesidad de atención psicológica para las personas afectadas.
El organismo alertó sobre problemas relacionados con la remoción de escombros, identificación de fallecidos, entrega de restos a familiares y funcionamiento de servicios forenses, al señalar reportes acerca de sobrecarga de morgues y dificultades económicas para acceder a servicios funerarios.
Lee la información completa en El Nacional.
