Este viernes 7 de agosto, la familia de la jueza María Lourdes Afiuni recibió la notificación sobre su libertad plena y el cierre total del caso, un proceso que inició hace más de 16 años luego de una orden directa del entonces presidente Hugo Chávez.
Se trata del final “de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela”, afirmaron Nelson Afiuni, hermano de la jueza, y Thelma Fernández, su abogada, en un comunicado que ha difundido la web del diario Tal Cual este viernes.
Para la familia, este es un caso “que nunca debió existir” y confían en que esta decisión marque “el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse”.
Aclararon que esta decisión “no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados”.
La advertencia que encierra el caso de la jueza Afiuni
Sin embargo, dijeron, es una “advertencia sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad”.
Para la familia, la historia de Afiuni “no debe recordarse únicamente por la injusticia que sufrió, sino por la convicción de que la defensa de la independencia judicial constituye una condición esencial para la libertad y los derechos de todos los venezolanos”.
“Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Una justicia independiente sólo puede existir cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias”, sentenciaron.
Por otra parte, expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que acompañaron la causa dentro y fuera del país y, especialmente, a aquellos que «desde el primer momento, comprendieron la trascendencia de este caso y defendieron sin descanso los principios que estaban en juego: la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de quienes administran justicia conforme a la ley y a las obligaciones internacionales del Estado».
¿Qué pasó con María Lourdes Afiuni?
María Lourdes Afiuni Mora resultó detenida por funcionarios del Sebin el 10 de diciembre de 2009 luego de ordenar la liberación del empresario Eligio Cedeño, decisión que tomó atendiendo recomendaciones de un grupo de trabajo de Naciones Unidas. En ese momento ejercía como jueza del tribunal 31 de primera instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas.
Públicamente, el expresidente Hugo Chávez la calificó de “bandida” y la señaló como responsable de la fuga posterior de Cedeño. En esa cadena nacional, también exigió públicamente que fuera condenada a 30 años de prisión.
Entre los años 2009 y 2011, la jueza estuvo privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde fue víctima de torturas, violencia sexual y “condiciones inhumanas” de detención.
A partir de ese año se le otorgó una medida de casa por cárcel y otra serie de restricciones que, pese a cumplir la pena impuesta, no habían sido levantadas. El 21 de marzo de 2019, a casi una década de su detención, el juez Manuel Antonio Bognanno condenó a Afiuni a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero.
En enero de 2023 fue notificada de su despido como jueza titular, pese a que no se le participó del procedimiento. Ese mismo año recibió el premio de derechos humanos de la Asociación Alemana de Jueces.
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