La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió este lunes el "diagnóstico integral" del fondo documental de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), para evaluar su desclasificación y permitir el acceso a esta información a las víctimas del conflicto armado colombiano.
"Este constituye un paso importante para permitir el acceso a estos archivos, lo cual resulta clave para luchar contra la impunidad en algunas graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado", afirmó el magistrado Óscar Parra, de la JEP, citado en un comunicado de ese alto tribunal.
El diagnóstico, elaborado por el Archivo General de la Nación, le permitirá a la Jurisdicción evaluar la ruta y las condiciones necesarias para hacer públicos los archivos de inteligencia y contrainteligencia y los gastos reservados, así como el resto de documentos que hay en este fondo para garantizar a las víctimas el acceso a estos documentos.
DAS, entidad liquidada
También plantea 32 recomendaciones para garantizar "un estado idóneo de la documentación en aras de que pueda ponerse a disposición de la ciudadanía en general, pero en especial de las víctimas del conflicto que hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado a partir de información de inteligencia y contrainteligencia producida por quienes fueran agentes del DAS", agregó la JEP.
Esto ocurre en un trámite liderado por el magistrado Parra para cumplir con las medidas cautelares ordenadas por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción para garantizar las condiciones de preservación y acceso a estos documentos.
El fondo documental del DAS está conformado por "57 mil 544 unidades de conservación con documentación, las cuales equivalen a 14 mil 364 metros lineales de documentación, así como 47 mil 829 medios magnéticos y digitales (que incluyen servidores, discos, disquetes, casetes, computadores, cintas, entre otros)".
El DAS quedó liquidado tras descubrirse una trama de espionaje durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), caso por el cual una veintena de sus funcionarios han resultado procesados.
