En 2025, el crudo que Venezuela entregó a operadores privados bajo contratos cuyos términos no se publicaron movió petróleo valorado entre 7.000 millones y 14.000 millones de dólares. Sin licitación, sin comprador conocido y sin beneficiario final en ningún registro. Nadie rindió cuentas de ese dinero, y la ley fue escrita para que nadie tuviera que hacerlo. Era legal, lo permitió la Ley Antibloqueo.
En un trabajo elaborado por el equipo de investigación de El Nacional, se indica que ese año, todo lo que el Estado venezolano gastó de forma legal —salud, educación, salarios y defensa para 28 millones de personas— cabía en un presupuesto de 9.315 millones de dólares ejecutables. En su tramo más alto, el petróleo movido en secreto superó el presupuesto nacional.
El petróleo es una de tres vías por las que la renta nacional dejó de ser pública. El oro del Arco Minero del Orinoco sale del país en 80% fuera del registro del Banco Central de Venezuela; la producción ilegal de un solo año, 2021, se valoró en 4.400 millones de dólares.
La importación de alimentos del programa CLAP movió 1.734 millones de dólares en compras a México entre 2016 y 2018, con sobreprecios que la Asamblea Nacional cifró en 206 millones de dólares en apenas seis meses de 2017. Ninguno de los tres canales pasó por un control público que permita saber dónde terminó el dinero.
Tres recursos —petróleo, oro y comida— y un mismo mecanismo: la confidencialidad como forma de administrar la riqueza del país sin rendirle cuentas. No se trata de tres escándalos separados, sino de un método aplicado a tres sectores distintos. La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, de 2020, elevó el secreto a principio de gobierno.
La Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez no se ha planteado derogarla. Tampoco la presidenta encargada la ha declarado no aplicable, como hizo con la Ley de Amnistía 2026, aunque siguen encarcelados más de 400 presos políticos.
El marco legal de la opacidad, de excepción a regla
La confidencialidad petrolera venezolana comenzó el 12 de octubre de 2020, cuando la Asamblea Nacional Constituyente sancionó la Ley Antibloqueo. La norma fue presentada como un escudo frente a las sanciones de Estados Unidos: si Washington perseguía cada transacción pública de Pdvsa, el Estado venezolano respondería operando en reserva. Se facultó al Ejecutivo para desaplicar leyes, a contratar sin los procedimientos ordinarios y a crear vehículos operativos cuya existencia, condiciones y beneficiarios se mantienen en secreto.
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