Las autoridades de El Salvador se mantienen en la persecución del remanente de maras o pandillas, formado por unos 8 mil miembros, a la espera de la decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y de su gabinete de "relajar" el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
Así lo afirmó el martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en una sesión informativa con medios internacionales, en la que también indicó que necesitan más reformas legales para mantener las herramientas que el régimen les da a las instituciones de seguridad.
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"En términos de victoria por parte del Estado, ese Estado criminal paralelo al que nos enfrentamos (pandillas) está completamente destruido. Obviamente hay remanentes" y "todos esos perfiles de esos más de 8 mil objetivos están en la palma de la mano de nuestra fuerza del orden, precisamente para ir sometiéndolos a la Justicia", apuntó Villatoro.
Indicó que están "haciendo un barrido a nivel nacional" y coordinando acciones con países vecinos para la búsqueda y captura de estas 8 mil personas.
Gobierno salvadoreño busca remanente
"Es una guerra de resistencia, no es algo rápido, no se pueden borrar 20 años en tres años" y "vamos a ir jugando con todas esas medidas (de seguridad) para relajar un poco los artículos (de la Constitución) que se comprometen dentro del régimen, pero es una reunión (pendiente) del presidente Nayib Bukele con su Gabinete de Seguridad Ampliado", indicó el titular de Seguridad.
Dijo que en este proceso es importante el "liderazgo" del presidente Nayib Bukele "para poder analizar cómo vamos a relajar el régimen de excepción" y que "queden únicamente aquellas herramientas" necesarias para las fuerzas de seguridad y Fiscalía General de la República (FGR).
El domingo pasado, Bukele afirmó en la inauguración de una obra vial que "no necesitamos más dureza, al contrario, "probablemente pronto podamos relajar medidas".
Villatoro detalló que, bajo la vigencia del régimen de excepción, que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa, suman más de 86 mil registros de detenciones, de los que únicamente 8 mil personas estarían en libertad condicional.
Régimen de excepción
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
