La extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero desencadenó una ola de arrestos arbitrarios que no perdonó a quienes procesaron la escena. Funcionarios técnicos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y oficiales militares terminaron en prisiones de máxima seguridad bajo cargos de terrorismo, enfrentando un patrón de desaparición forzada y torturas en bases clandestinas.
En reseña elaborada por el portal Efecto Cocuyo, se indica que ocho meses después de las detenciones, ejecutadas entre el 21 y el 26 de enero, el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo mantiene paralizadas las audiencias preliminares de los presos del “nuevo momento político”.
Los expedientes de los funcionarios permanecen vacíos y los familiares denuncian un ensañamiento sistemático que ha mermado la salud física y psicológica de los reclusos. Entre los afectados por esta causa figuran el Tcnel. (Ej.) Manuel Alejandro Osorio Arteaga, Carlos Ulises Hernández Rojas, Jesús Leonardo Gómez Brito, David Figueredo Sandoval, Héctor José Martínez Yanez, Joharlinn Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava y José Gregorio Rivas Sifontes, a quienes se les imputa conspiración y traición a la patria.
Las detenciones
El aparato de seguridad estatal utilizó el engaño institucional para capturar a los peritos que documentaron los sucesos que desencadenaron el arresto de Nicolás Maduro, tras una madrugada de bombardeos sobre Caracas, La Guaira y el estado Miranda.
A los fotógrafos forenses Álvaro Roger Valladares Eslava y Joharlinn Enrique Luzardo Noria los citaron el 23 de enero a una supuesta reunión de trabajo en la sede del Cicpc de San Agustín, un señuelo para aprehenderlos en el lugar y trasladarlos a bases militares.
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