Las organizaciones no gubernamentales Provea y Clima21 pidieron al Estado venezolano y a las empresas e instituciones internacionales involucradas en los nuevos acuerdos energéticos entre Venezuela y Estados Unidos establecer garantías ambientales y de derechos humanos ante la reactivación y expansión de la industria de hidrocarburos.
En un comunicado divulgado este miércoles, ambas organizaciones expresaron preocupación por la falta de información pública sobre las medidas de protección ambiental que, a su juicio, deben acompañar los acuerdos y reclamaron transparencia sobre las negociaciones petroleras y la publicación de los mecanismos previstos para prevenir y atender posibles daños ambientales.
Provea y Clima21 señalaron que la recuperación económica no debe realizarse a costa de los derechos ambientales y reclamaron que los acuerdos incorporen obligaciones exigibles en materia de protección ambiental y derechos humanos, en línea con estándares internacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Las organizaciones también pidieron medidas de protección, asistencia y reparación para las comunidades afectadas por actividades extractivas, así como la garantía de la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas cuando las decisiones relacionadas con estos proyectos puedan afectarles.
Pasivos ambientales acumulados
Otro de los puntos planteados es la atención de los pasivos ambientales acumulados y los derrames de hidrocarburos. Según el comunicado, los acuerdos deberían contemplar mecanismos para atender esos pasivos, controlar las contingencias actuales y restaurar los territorios degradados.
Asimismo, Provea y Clima21 exhortaron a incorporar metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer planes para una transición energética que permita disminuir la dependencia de Venezuela de las actividades extractivas.
Las organizaciones concluyeron que la reactivación económica del país debe estar acompañada por un modelo de desarrollo que, según plantearon, sea sostenible, participativo y respetuoso de los derechos humanos.
