Este viernes 11 de septiembre, familiares de presos políticos acudieron al Palacio de Miraflores y la respuesta que recibieron fue de revictimización. Fueron sometidos a un recorrido de larga distancia y, en lugar de mantener una reunión con una comisión, terminaron detrás de un vidrio durante pocos minutos.
Así lo denunció a El Nacional uno de los integrantes de la comisión del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) que fue recibida en el Despacho Presidencial tras la jornada de manifestación en la plaza O’Leary como parte de una ruta que iniciaron las familias esta semana por instituciones como la Defensoría y la Fiscalía.
El objetivo era claro: Exigir que haya respuesta y libertad para todos los presos políticos, pero no fueron atendidos por una comisión de la presidencia, como se les había informado, sino que recibieron una respuesta que calificaron de insuficiente y revictimizante.
“Tenemos un país demasiado hermoso en manos incorrectas, en manos de gente que siguen revictimizándonos porque nos hicieron hacer un recorrido que me hizo sentir como la primera vez que yo entré al Rodeo I a visitar a mi hermano”, relató la familiar.
Agregó que la persona que los atendió no mostró cortesía ni amabilidad y que la experiencia contradice los discursos oficiales sobre reconciliación y paz.
“Esto ha demostrado que aquí no hay voluntad para atender los casos de los presos políticos y por eso es que continúan las demoras”, afirmó.
La espera de familiares de presos políticos
Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, el gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero último, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.
Aunque esa norma benefició a más de 8.000 personas, según los datos del gobierno, la mayoría de los amnistiados estaban en libertad restringida y no en prisión.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, aún hay 328 detenidos en el país.
ONG han dicho que el gobierno tiene que reconocer que se han cometido abusos en el pasado y justo hoy el director de la organización Provea, Óscar Murillo, insistió en que debe haber una reparación de las víctimas.
"Estamos (...) exigiendo que la presidenta encargada nos dé respuestas a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos que no han sido contestadas ni investigadas por las instituciones del Estado. Estamos aquí para denunciar que, a pesar de los reiterados discursos de liberación, hoy somos más de 400 familias que todavía tenemos presos políticos", dijo a EFE Andreína Baduel, integrante del Clipp.
"La presidenta encargada ha dicho muchas veces que quiere reconciliar el país, muchas veces que va a haber libertad y cuando te remites a los hechos siguen revictimizándonos y siguen mintiéndole a la comunidad internacional", continuó la joven, hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez y quien murió en prisión.
Con información de El Nacional
