Este domingo, fue sepultado en Anaco Jesús Rafael Álvarez, preso político fallecido bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo. El entierro se llevó a cabo bajo la supervisión de funcionarios estatales y con la presencia de su hijo mayor, Jesús Alejandro.
Sin embargo, las dos hijas menores de Álvarez, de 7 y 17 años, no pudieron despedirse de su padre, y la madre de los jóvenes, Anny Noemí Suárez de Álvarez, tampoco estuvo presente, ya que permanece detenida desde el 2 de agosto en el Destacamento 625 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Puerto Ordaz.
La muerte de Álvarez, de 44 años, ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos, que exigen justicia ante lo que califican como un crimen ocurrido bajo custodia estatal. Además, han solicitado la liberación inmediata de Anny Suárez, cuyo arresto, también considerado arbitrario, ha dejado a la familia Álvarez Suárez en una situación de vulnerabilidad y desamparo.
Un sistema que no respeta los DDHH
“El dolor de esta familia no puede pasar desapercibido. Jesús Rafael Álvarez no solo perdió su vida en circunstancias inaceptables, sino que su esposa e hijas siguen pagando el precio de un sistema que no respeta los derechos humanos. Exigimos justicia para este caso y la liberación inmediata de Anny Suárez”, expresaron desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La fragmentación familiar y la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades subrayan la gravedad de las condiciones a las que están sometidos los presos políticos y sus seres queridos en Venezuela.
