El encarecimiento del mercado inmobiliario y los costos de alquiler en América Latina y el Caribe están obligando a tres de cada cuatro ciudadanos a reducir consumos esenciales, recurrir al agotamiento de ahorros o asumir jornadas laborales adicionales, según los hallazgos de la investigación "Un hogar, pero ¿a qué costo?", elaborada por la organización Hábitat para la Humanidad.
El estudio, formulado sobre una muestra global de más de 30 mil encuestados en 22 naciones —con mediciones específicas en Argentina, Brasil, México, Guatemala, Barbados y Trinidad y Tobago—, revela que el 75 % de la población recortó al menos un rubro prioritario durante el último año para mantener la habitabilidad. De ese grupo, un 33 % redujo la compra de alimentos, un 32 % liquidó sus fondos de emergencia y un 13 % postergó atención médica requerida.
Ernesto Castro, vicepresidente de Área para la región de la organización, advirtió que la presión presupuestaria sobre los hogares se agrava debido a una tasa de informalidad laboral que supera el 78 % de la población económicamente activa, factor que excluye a la mayoría del acceso a créditos hipotecarios y financiamiento bancario formal.
Déficit cualitativo y distorsión urbana
De acuerdo con el informe, el déficit habitacional en la región alcanza a más de un 40 % de la población y presenta un carácter predominantemente cualitativo. Esta condición está vinculada a la precariedad estructural de las edificaciones, el hacinamiento y la falta de acceso regular a servicios públicos básicos, situación que afecta a unos 120 millones de personas radicadas en asentamientos informales.
Asimismo, la concentración del 80 % de la población en zonas urbanas y periurbanas ha desplazado a las familias de menores ingresos hacia la periferia, incrementando los costos y tiempos de traslado hacia sus centros de trabajo. En el ámbito demográfico, la distorsión del costo de vida incide en las proyecciones familiares: el 56 % de los consultados sostiene que el precio de la vivienda frena la planificación familiar, cifra que asciende al 62 % entre los segmentos de menores de 40 años.
Especialistas en desarrollo urbano señalan la necesidad de revisar los criterios de las políticas públicas y los programas de subsidios, recomendando la flexibilización de los perfiles de riesgo crediticio para incorporar la estimación de ingresos provenientes de la economía informal.
Con información de EFE
