Dan prisión preventiva al exfiscal general de Bolivia acusado de proteger al narcotráfico

El dictamen judicial abarca de igual forma a otros exfuncionarios del órgano persecutor a quienes se les atribuye la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de sustancias
Dan prisión preventiva al exfiscal general de Bolivia acusado de proteger al narcotráfico

Un juzgado de garantías penales de La Paz dispuso la medida cautelar de detención preventiva por un lapso de 180 días contra el exfiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en el marco de las investigaciones incoadas por la supuesta conformación de una red de protección al tráfico ilícito de drogas.

Tras una audiencia cautelar de más de 15 horas, el juez Juan Carlos Montalban ordenó el traslado e internamiento de Mariaca en el centro penitenciario de Cantumarca, en el departamento de Potosí, según confirmó la representación del Ministerio Público a cargo de la causa.

El dictamen judicial abarca de igual forma a otros exfuncionarios del órgano persecutor. El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fue remitido al penal de El Abra en Cochabamba; el exfiscal superior Martín Irusta fue enviado a la cárcel de Patacamaya; mientras que un oficial con el rango de mayor de la Policía Boliviana fue recluido en el centro de máxima seguridad de Chonchocoro.

A los cuatro imputados se les atribuye la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de sustancias controladas.

Procedimiento de destitución e interinato parlamentario

El fallo judicial se produce tras una rápida secuencia de decisiones institucionales en la capital boliviana. Previo a la audiencia, el Órgano Legislativo sancionó una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para establecer la suspensión definitiva de los titulares de la fiscalía sometidos a medidas cautelares o imputación formal por delitos graves.

Tras la promulgación del texto legal por parte del Ejecutivo nacional, el Parlamento procedió a la destitución formal de Mariaca y a la posterior designación del abogado José Armando Urioste como fiscal general interino, quien asumirá la conducción del despacho mientras se desahoga el concurso público para la titularidad del cargo.

El expediente penal contra las antiguas autoridades judiciales se formalizó días después de que la administración de Estados Unidos anunciara la revocatoria de visados y sanciones administrativas contra los involucrados en esta causa.

Con información de EFE.

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