El Gobierno encargado y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 acordaron este viernes 25 de septiembre la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de los acuerdos alcanzados al cierre del segundo ciclo de conversaciones, según reseña la web de El Diario.
Vale destacar que el consejo estará integrado por siete juristas, cuatro de los cuales ya ejercieron como magistrados del máximo tribunal del país, de acuerdo con los perfiles recopilados sobre sus trayectorias profesionales.
El perfil de cada jurista
Tal como reza el comunicado conjunto emitido la noche de este viernes, al cierre del segundo ciclo de conversaciones, el consejo de postulaciones estará integrado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez Zerpa, Deyanira Nieves Bastidas, Federico Fuenmayor Gallo y María Bernardoni de Govea.
A continuación, los perfiles de cada uno de ellos.
Belén Ramírez Landaeta
Es jurista venezolana especializada en Derecho Administrativo y Derecho Público. Fue magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y posteriormente integró la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. También ha desarrollado investigaciones sobre jurisdicción contencioso-administrativa, amparo constitucional y distribución de competencias judiciales, y se ha desempeñado como presidenta de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).
Rogelio Pérez Perdomo
Abogado y académico venezolano especializado en sociología jurídica, historia del Derecho, educación jurídica y profesión legal. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con estudios de posgrado en Harvard. Fue profesor y decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana y ocupó posiciones académicas en Stanford. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.
Bernardo Pulido Márquez
Abogado venezolano especializado en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional. Se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello y posteriormente obtuvo títulos de posgrado en Stanford y Notre Dame. Ejerció como abogado defensor de derechos humanos en Venezuela y fue profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UCAB. Su investigación doctoral estuvo centrada en las restricciones al derecho a postularse a cargos de elección popular.
Cilio Sánchez Zerpa
Jurista venezolano vinculado al ámbito judicial y al Derecho Laboral. Su nombre figuró entre los magistrados suplentes designados para la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en 2022. Posteriormente ejerció como director ejecutivo de la Magistratura del TSJ.
Deyanira Nieves Bastidas
Jurista venezolana con trayectoria en el ámbito penal y judicial. Fue magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y llegó a ejercer la presidencia de esa instancia. También participó como magistrada ponente en decisiones relacionadas con recursos de casación, conflictos de competencia, solicitudes de avocamiento y otros asuntos de naturaleza penal.
Federico Sebastián Fuenmayor Gallo
Jurista y académico venezolano especializado en Derecho Constitucional, Penal y Penitenciario. Se desempeñó como magistrado suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. También ha desarrollado actividades académicas e investigaciones relacionadas con derechos constitucionales, delito, pena y sistema penitenciario.
María Bernardoni de Govea
Jurista venezolana especializada en Derecho Laboral y Derecho Social. Es abogada egresada de la Universidad del Zulia y realizó estudios de posgrado en Derecho del Trabajo en Italia. Fue profesora universitaria y ministra del Trabajo entre 1997 y 1999. También presidió el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y ha desarrollado investigaciones sobre relaciones laborales, libertad sindical, negociación colectiva y legislación laboral.
La conformación de este consejo forma parte de los acuerdos alcanzados durante el segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, que culminó este viernes en Caracas.
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