El Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la convención internacional en favor de los derechos de los trabajadores migrantes dijo este miércoles que ciertas iniciativas legislativas de los últimos años en Perú, así como reformas a la Ley de Migraciones de 2017, son un retroceso para la protección de este colectivo.
En un informe elaborado después de la participación del Estado peruano en la revisión periódica que hace el Comité de la situación en los países que se han adherido a la convención, el órgano de la ONU considera que esas medidas de índole legal reflejan un "cambio de la política migratoria del país".
Sostuvo que tal política ha pasado de tener "un enfoque integral basado en los derechos humanos a uno más restringido y basado en el orden público y la seguridad nacional", y pidió al gobierno que identifique, derogue o enmiende aquello que pueda ser contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
Comité de la ONU
En sus comentarios, el Comité reconoce también los esfuerzos realizados por las autoridades peruanas, como la concesión de visados humanitarios para responder al gran número de personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, que llegan a su territorio necesitados de protección internacional.
Por otra parte, el Comité señala que le preocupan las elevadas estimaciones de trabajadores migrantes y sus familias que se encuentran en situación irregular en Perú.
"De acuerdo con la información proporcionada, la población extranjera en su territorio al 31 de octubre 2024, asciende a 1.744,588 personas, de las cuales 473.343 están en situación regular y 637.865 en irregular, existiendo una diferencia entre ambas de 633. 380 personas cuya situación migratoria se desconoce", indica en su informe.
Asimismo, manifiesta su preocupación por la creación hace un año del procedimiento conocido como PASEE, que permite la expulsión rápida de personas extranjeras que ingresaron al país eludiendo el control migratorio o que cometieron actos delictivos.
En esta línea, pidió que Perú armonice con la convención todas sus normas relativa a la privación de la libertad de trabajadores migrantes y sus familias, incluido el PASEE.
"El comité lamenta no haber recibido información sobre el número de migrantes detenidos, los lugares de detención y las condiciones en ello, así como sobre alternativas a la detención, a pesar de haber solicitado dicha información en sus anteriores observaciones finales", enfatizó.
