La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Jesús Gabriel Useche Moncada, joven de 19 años de edad con discapacidad intelectual, detenido el 9 de enero en el estado Lara, en el contexto de manifestaciones convocadas en el país para el día previo a la investidura de Nicolás Maduro. Considera que su vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable.
Según el organismo, Useche permanece aislado e incomunicado en el Internado Judicial del estado Aragua. No se dispone de información sobre su estado de salud ni las condiciones de su detención. Además, se denunció que su reclusión ocurre en un centro con hacinamiento, sin acceso a agua potable, aire limpio, luz solar ni alimentación adecuada.
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"Observamos que las circunstancias de detención del beneficiario, por sí mismas, pueden exponer a las personas privadas de libertad a riesgos a la salud, vida e integridad personal, pero se ven agravadas en el caso del beneficiario, considerando su cuadro de salud", alertó este órgano de la Organización de Estados Americanos.
Useche, joven con discapacidad, acusado de terrorismo
La CIDH advirtió que el cambio extremo de rutina, el alejamiento de su entorno familiar y la falta de información sobre su tratamiento médico agrava la situación del joven, quien fue acusado de terrorismo hace tres semanas. También alertó sobre los impactos diferenciados que sufren las personas con discapacidad privadas de libertad.
"Se desconoce si el beneficiario cuenta con las garantías mínimas necesarias para proteger sus derechos fundamentales. Esta situación se ve agravada por los impactos diferenciados que enfrentan las personas privadas de la libertad con discapacidad", indicó la CIDH.
Ante este panorama, la Comisión solicitó a Venezuela adoptar medidas urgentes para proteger la vida, integridad personal y salud de Useche. Entre ellas, garantizar el contacto con sus familiares y abogados, proporcionar información oficial sobre su proceso penal, realizar una valoración médica inmediata y asegurar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales.
Finalmente, enfatizó que esta decisión no implica un prejuzgamiento sobre una posible violación de derechos humanos, pero exige acciones para evitar daños irreparables.
