La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 5 de agosto de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 14.267, relativo a Venezuela, por la responsabilidad del Estado en la “detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial” del dirigente opositor Fernando Alberto Albán Salazar, así como por las agresiones a su familia y la impunidad en los hechos.
En reseña del portal Efecto Cocuyo se indica que la Cidh solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.
También pide “dejar sin efecto los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales contra Albán y su familia; prevenir, investigar y sancionar actos de hostigamiento contra la familia y su defensa; y adoptar medidas de no repetición, como asegurar la independencia en la designación de la Fiscalía General, garantizar investigaciones imparciales en muertes bajo custodia estatal, abstenerse de comentarios públicos sobre causas penales pendientes y capacitar al SEBIN, el Ministerio Público y el Poder Judicial en derechos de las personas detenidas y debida diligencia”.
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