La organización política Florida Rising Voices Collective (RVC) y otros activistas solicitaron que el alcalde de Miami, Francis Suárez, vete el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento el martes, el cual permitiría a la policía local colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención de migrantes en situación irregular.
Juan Osorio, director de registro de votos de RVC, calificó el acuerdo de “peligroso e innecesario”, según declaraciones a Efe durante un encuentro con activistas en la Antorcha de la Amistad, monumento emblemático de Miami que representa la acogida a inmigrantes de América Latina y el Caribe, coronado por una llama permanente como símbolo de bienvenida a quienes llegan al país.
El acuerdo, conocido como 287 (g), establece cooperación directa entre la policía local y ICE para identificar, detener y facilitar la deportación de personas con estatus migratorio irregular.
“Esto es increíblemente peligroso para nuestra comunidad”
Osorio advirtió que “esto es increíblemente peligroso para nuestra comunidad”. En su opinión “derrumbaría absolutamente la confianza” entre los migrantes y la policía local, pues muchos evitarían buscar ayuda por temor a ser detenidos.
El activista también alertó que el jueves 26 de junio la Comisión del Condado de Miami-Dade votará un acuerdo que permitiría a ICE pagar 50 dólares por la detención de un migrante durante 48 horas en una cárcel local. Además, ICE tendría “acceso razonable a todos los detenidos” y “discreción” sobre la información compartida.
Osorio y representantes de organizaciones como Equality Florida y Miami Democratic Socialists of America hicieron un llamado a la comunidad para asistir ese día al Government Center y testificar en contra del pacto.
El activista indicó que el candidato demócrata a la Alcaldía de Miami en 2025, Ken Russell, estuvo con los manifestantes durante la reunión en el Ayuntamiento el martes y espera que mantenga su apoyo en la próxima votación del condado.
Este viernes, que coincide con el Día Mundial de los Refugiados, los activistas denunciaron que esta medida representa una amenaza a los derechos civiles en una ciudad diversa como Miami, donde más de la mitad de los residentes nacieron fuera de Estados Unidos, y podría dar lugar a prácticas discriminatorias contrarias a su historia migratoria.
