La Fiscalía General de la República exigió al gobierno de El Salvador la lista con los nombres de los 252 venezolanos que se encuentran presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), lugar al que fueron enviados por Estados Unidos entre el 15 de marzo y principios de abril.
Esta fue la respuesta del titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, a la propuesta del mandatario salvadoreño Nayib Bukele de intercambiar a los más de dos centenares de migrantes venezolanos por los presos políticos en las cárceles venezolanas, que el gobernante centroamericano lanzó este domingo en su red social X y la llamó un «acuerdo humanitario».
«Como fiscal general solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial, así como también la de de vida y el informe médico de cada uno», dijo el domingo Saab en un comunicado que publicó en sus redes sociales.
Tal como lo dijo anteriormente la organización internacional Human Rights Watch, la Fiscalía venezolana califica como «desaparición forzada» el encarcalemiento de los connacionales en el Cecot, una cárcel de máxima seguridad que Bukele inauguró en el año 2023 para confinar a los líderes de las pandillas salvadoreñas.
En el texto añaden que «el tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del Siglo XX».
Estas acusaciones del Ministerio Público sobre delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los DDHH son las mismas por las que la administración de Nicolás Maduro tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional desde el año 2018.
Cuál fue la propuesta de Bukele
Este 20 de abril, Bukele dijo en X, al dirgirise a Maduro, que «quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene».
El fiscal venezolano dijo que enviaría «sendas comunicaciones» a su par de El Salvador y la Corte Suprema de ese país, en las que los inquerirá sobre las siguientes interrogantes: ¿Qué delitos han cometidos estos venezolanos en El Salvador? ¿En qué momento se les presentó ante un juez? ¿Si han tenido acceso a un abogado? ¿Si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención?.
Los cuestionamientos de Saab sobre el tratamiento y las condiciones de reclusión que se da a los migrantes venezolanos son las mismas que denuncian constantemente las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país por los casi 900 presos políticos que hay en las cárceles dentro del territorio nacional.
La Casa Blanca envió a más de 200 venezolanos a El Salvador al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo ha usado Estados Unidos en tiempos de guerra. La justificación para ello fue que la banda El Tren de Aragua, organización criminal que nació en una cárcel del país (Tocorón) causaba una invasión a ese país.
Esto pese a que familiares de varios detenidos desmintieron que esos hombres en el Cecot no son parte del grupo criminal.