El líder chavista Nicolás Maduro conversó telefónicamente con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el Alto Comisionado de la ONU para DDHH, Volker Türk, a quienes pidió defender a los migrantes venezolanos tras la deportación de 238 connacionales desde Estados Unidos a El Salvador por órdenes del gobierno de Donald Trump el pasado 15 de marzo.
Miraflores compartió un comunicado en sus canales oficiales este viernes 27 de marzo, en el que señala que las llamadas se realizaron el pasado miércoles con ambos funcionarios, que han criticado la violación de derechos humanos en Venezuela por parte del chavismo, lo que ha generado roces, críticas y ataques de los voceros chavistas.
«En ambas conversaciones, el presidente Maduro destacó la necesidad de que el Sistema de Naciones Unidas asuma un compromiso firme en la garantía de los derechos de las y los venezolanos migrantes, velando por el cumplimiento del derecho internacional, especialmente aquel que protege a las personas en movilidad», destaca parte del texto oficial.
Añaden que la finalidad es que se logre la liberación de los 230 venezolanos que Estados Unidos envió a la cárcel de máxima seguridad, Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, a pesar de que no tienen cuentas pendientes con la justicia del país centroamericano.
El documento refiere que el envío de estos connacionales a una cárcel, sin el debido proceso ni acceso a sus abogados defensores (como denuncian los familiares de los presos políticos en Venezuela) hace recordar «la persecución sufrida por el pueblo judío bajo el régimen nazi de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial».
Qué respondieron Guterres y Türk a Maduro
Según el documento, tanto Guterres como Türk se comprometieron en activar mecanismos de defensa para restituir los derechos humanos de los 238 venezolanos que tienen más de una semana en la cárcel salvadoreña, inaugurada en el año 2023 por el presidente Nayib Bukele para confinar a los pandilleros de su país.
El envío de los venezolanos se produjo después de que Donald Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798, un instrumento jurídico que Estados Unidos sólo ha usado en tres conflictos bélicos, entre ellos las dos guerras mundiales, al argumentar que la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua estaría «perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos».
Lo hizo después de que en un principio, junto a los carteles de la droga mexicanos, la declarara como una organización terrorista. Sin embargo, los abogados que contrató el chavismo para defender a los connacionales en El Salvador dicen que no han sido juzgados ni en Estados Unidos ni la nación centroamericana, lo violaría las leyes de ese país.