Los cinco dirigentes opositores venezolanos que se encontraban asilados en la embajada de Argentina en Caracas desde el 20 de marzo de 2024 lograron salir de la sede diplomática, informaron fuentes extraoficiales la tarde de este martes 6 de mayo.
En principio eran seis las personas que buscaron refugio en ese lugar, pero uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, abandonó la legación en diciembre pasado y falleció en febrero de este año.
Los asilados eran Magalli Meda, jefa de campaña del Comando Con Venezuela; Claudia Macero, que encabezaba el equipo de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado; Omar González Moreno, exdiputado a la Asamblea Nacional; Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, todos ellos miembros de Vente Venezuela, el partido político que encabeza Machado.
Las fuentes dijeron que los cinco salieron con destino a otro país, aunque no está claro si se logró un acuerdo con Miraflores para que le entregaran los salvoconductos que durante más de un año la gestión de Nicolás Maduro, quien este 7 de mayo se reunirá con Putin en Moscú, se negó a otorgarles.
Por el momento, líderes como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia no se han pronunciado tras el acuerdo de salvoconducto de los asilados. El chavismo tampoco ha emitido una comunicación oficial sobre si hubo o no una negociación para dejar salir a los cinco opositores que tenía más de un año refugiados dentro de la embajada.
Cómo comenzó el asedio
Meda, Urruchurtu, Macero, González, Villalobos y Martínez Mottola ingresaron a la embajada el 20 de marzo de 2024, huyendo de acusaciones de terrorismo, conspiración y traición a la patria que el Ministerio Público les había imputado. Ese mismo día a Dignora Hernández y Henry Alviarez los detuvieron por los mismos cargos.
La Fiscalía los acusaba de estar detrás de supuestos planes para generar violencia e impedir la celebración de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
A los seis, Argentina les otorgó asilo. Sin embargo, el gobierno venezolano negó los salvoconductos para viajar a Buenos Aires. A partir de esto, los asilados denunciaron restricciones y graves violaciones a los derechos humanos, con vigilancia policial constante y recursos limitados.
Las tensiones entre Venezuela y Argentina escalaron en agosto de 2024 tras la expulsión de los diplomáticos argentinos de Caracas, acusados por Maduro de cuestionar los resultados electorales oficiales que lo dieron como ganador. Inmediatamente tras la medida, Brasil asumió la custodia de la embajada, izando su bandera para proteger la sede.
Tras la custodia de Brasil los asilados no vieron mejoras y reportaron constantes interrupciones en el suministro de agua y electricidad.
Tras días sin alimentos ni agua, la canciller argentina Diana Mondino calificó como “absurdas” las acusaciones de terrorismo contra los seis opositores el 16 de septiembre de 2024. Las autoridades venezolanas permitieron la entrega de provisiones, pero mantuvieron el bloqueo a camiones cisternas, afectando la higiene y alimentación de los opositores refugiados.
Supuestos planes terroristas
El gobierno de Maduro revocó el permiso para que Brasil custodiara la embajada en septiembre de 2024, al alegar que los asilados planeaban actos terroristas desde la sede diplomática. La bandera brasileña permaneció en la sede, a la espera de un nuevo custodio, mientras los opositores denunciaban un aislamiento cada vez mayor ya que gentes armados rodearon la embajada. La medida intensificó la vigilancia, dificultando las comunicaciones y el acceso a agua y alimentos.
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) cortó la electricidad de la embajada el 23 de noviembre de 2024. Los asilados describieron este episodio como el tercer asedio desde su refugio y destacaron que la vigilancia desde entonces era más prolongada.
Siete días después del corte eléctrico, Magalli Meda denunció que la embajada llevaba una semana sin electricidad ni agua; a estas declaraciones se anexaron las de Pedro Urruchurtu, quien señaló que las autoridades bloquearon camiones cisternas que eran enviados para que los refugiados pudieran tener agua.
9 meses dentro de la embajada
A principios de noviembre de 2024, Omar González reportó que los asilados llevaban casi nueve meses dentro de la embajada, y que Nicolás Maduro aún negaba los salvoconductos. Los agentes armados vigilaban la sede constantemente mientras los opositores dependían de apoyos externos para obtener provisiones, pero las restricciones dificultaban estas entregas. González subrayó que la vigilancia policial mantenía a los asilados en un estado de incertidumbre.
Por su parte, Edmundo González Urrutia denunció el 13 de diciembre de 2024 la presencia de hombres armados, incluyendo un francotirador con un fusil de mira telescópica, fuera de la embajada. Una fotografía, compartida con un comunicado de la OEA, mostró la intensidad del asedio, con drones interfiriendo señales telefónicas e internet. Los seis asilados reportaron que estas medidas aumentaban su inseguridad.
La entrega de Fernando Martínez Mottola
Fernando Martínez Mottola, uno de los asilados, se entregó a las autoridades venezolanas el 19 de diciembre de 2024, dejando el grupo reducido a cinco: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Omar González y Humberto Villalobos.
De acuerdo con medios de comunicación, Martínez Mottola fue trasladado a su casa tras acordar su entrega y obtener medidas cautelares.
Los restantes continuaron enfrentando cortes de electricidad y agua, además de vigilancia policial. La entrega de Martínez Mottola no cambió las restricciones para los demás, quienes seguían sin acceso regular a provisiones.
Exigieron salvoconductos
Eugenia Olavarría, hija de Magalli Meda, exigió desde España salvoconductos para los asilados el pasado 22 de febrero, tras casi un año de encierro. Reportó contacto limitado con su madre, señalando que los recursos en la embajada eran insuficientes.
Olavarría pidió a la comunidad internacional presionar por una solución y destacó la urgencia de resolver la crisis.
Días después de las declaraciones de la hija de Meda, Omar González describió la situación como “un limbo” el 27 de febrero, al denunciar que agentes armados, francotiradores y drones rodeaban la embajada.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) señaló el pasado 20 de marzo, que los cinco asilados cumplían un año en la embajada, al denunciar controles policiales y agentes armados.
La organización describió la sede como una “cárcel”, sin electricidad desde noviembre y con acceso limitado a agua y alimentos. La PUD destacó que los opositores vivían en condiciones inhumanas, dependiendo de recursos escasos que no garantizaban su bienestar.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, descartó negociar la salida de los asilados el 24 de marzo, llamándolos colaboradores de Machado en una embajada de un “gobierno fascista”.
Cabello criticó a Magalli Meda por declaraciones que consideró de “tinte violento”, cerrando cualquier posibilidad de diálogo.
Los cinco asilados—Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Omar González y Humberto Villalobos—permanecían en la Embajada de Argentina, bajo custodia de Brasil, rodeados por vigilancia policial. Sin electricidad, con acceso restringido a agua y alimentos, y sin salvoconductos.