La ONG internacional Human Rigths Watch (HRW) documentó 24 asesinatos, cientos de detenciones arbitrarias y torturas a personas presas por razones políticas en un informe que presentó este miércoles 30 de abril, en el que analiza la situación de Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El informe de 111 páginas, “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores, dijo la organización en un nota de prensa.
Detallan que para la elaboración del documento entrevistaron «a 101 personas, incluyendo víctimas y sus familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales por teléfono y en persona, entre julio de 2024 y abril de 2025», con lo que lograron recabar datos sobre esta investigación.
Citan las objeciones del Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, que fungieron como observadores del proceso, sobre la legitimidad de los resultados con los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al líder chavista como ganador del proceso.
24 asesinatos desde las presidenciales
«Veinticuatro manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las protestas que se produjeron en todo el país inmediatamente después de las elecciones. La evidencia recopilada por Human Rights Watch indica que las fuerzas de seguridad venezolanas serían responsables de algunos de estos asesinatos», indicaron en el informe.
También señalaron que tienen evidencias de la implicación de colectivos armados afines al chavismo en algunas de esas muertes.
«En otros casos, los ‘colectivos’ serían los responsables. Inicialmente, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y llevaron a cabo detenciones durante las protestas, que fueron seguidas de ataques o intimidaciones por parte de miembros de los ‘colectivos’ dirigidos a quienes continuaban manifestándose», mencionaron este miércoles.
Definieron como «un rol clave» el apoyo de los colectivos a las fuerzas de orden público para la represión de las personas que rechazaron los resultados oficiales del CNE.
De las más de 2 mil detenciones que se produjeron en este contexto, Human Rigths Watch destaca que los procesos están «plagados de abusos. Las autoridades han negado de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional».
Por esto mismo, mencionaron que «la represión poselectoral obligó a «funcionarios electos, autoridades locales, coordinadores de campaña, personal de los centros de votación, defensores de derechos humanos y periodistas a abandonar el país. Muchos buscan protección en el exterior enfrentando sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina y procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump».
Detenciones arbitrarias tras el 28 de julio
Entre las personas detenidas citan a Sofía Sahagún Ortiz, española-venezolana, a quien apresaron el 23 de octubre cuando pretendía salir de Venezuela. Fue en diciembre de 2024 cuando le permitieron comunicarse con su familia y en enero pasado, le confirmaron que la habían presentado en una audiciencia virtual judicial en la que la acusaron de cargos de financiamiento al terrorismo.
También el caso de Manuel Tique, un trabajador del Consejo Danés para los Refugiados de 32 años, cuando cruzaba la frontera terrestre colombo-venezolana por trabajo. «Las autoridades venezolanas se han negado a proporcionar información a los familiares sobre el paradero de Tique o los cargos penales que se le imputan. Su familia sospecha que se encuentra en la cárcel Rodeo I, de acuerdo con información obtenida por una persona que estuvo detenida allí».
Otro que nombran es el del turista franco-estadounidense, Lucas Hunter, a quien mantienen en prisión desde el pasado mes de enero. Su familia aún desconoce los motivos de su aprehensión o el sitio de reclusión.
«Las autoridades venezolanas han detenido arbitrariamente a un gran número de personas, violando de forma flagrante el debido proceso. A muchos se les ha negado la representación de un abogado de su elección o el acceso a sus expedientes. Algunos fueron procesados en audiencias virtuales y en grupo, lo que menoscababa sus derechos», recordó Human Rigths Watch.
Llamado a la comunidad internacional
La ONG solicitó a la comunidad internacional evitar dar incentivos a la gestión chavista, en especial porque «premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos».
Añadieron que los países «deberían apoyar los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas, incluyendo mediante la imposición sanciones individuales y el respaldo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Corte Penal Internacional (CPI)».