El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reiteró recientemente que en el país no existen presos políticos y calificó a los detenidos en el marco de las protestas postelectorales como “criminales” y “terroristas”.
En sus declaraciones, transmitidas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), desestimó las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso.
Desde el 28 de julio, familiares de presos políticos detenidos por protestar en contra de los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral, exigen al Estado venezolano liberación de todos los disidentes y atención médica urgente a quienes la requieran.
Provea, una de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, rechaza estas afirmaciones de Saab y asegura que hay más de 2.000 personas detenidas por razones políticas, incluidos 69 adolescentes.
En una conversación telefónica con Efecto Cocuyo, Oscar Murillo, coordinador de Provea, señaló que las acciones del Ministerio Público reflejan una estrategia sistemática de criminalización de la disidencia. Según Murillo, estas detenciones masivas, en especial las de niños y adolescentes, violan los estándares internacionales de protección y constituyen un precedente alarmante en la historia venezolana.
Provea considera que las declaraciones de Saab buscan justificar graves violaciones a los derechos humanos y perpetuar la impunidad estructural en el país.
¿Cómo interpreta Provea las denuncias de familiares y abogados sobre violaciones al debido proceso, falta de atención médica?
R: Estas denuncias forman parte de una situación que hemos documentado ampliamente y que refleja la ausencia de estado de Derecho y de garantías judiciales. El sistema de administración de justicia ha sido cooptado por el Ejecutivo y responde a los intereses de la cúpula gobernante. A la ausencia de garantías judiciales se suma la ausencia de garantías para el derecho a la integridad de los detenidos y su núcleo familiar. Negar la provisión de alimentos, medicinas y atención de salud a una persona privada de libertad constituye en acto de trato cruel, inhumano y degradante que lesiona la integridad física y psíquica del detenido y afecta profundamente la propia integridad del núcleo familiar.
¿Cómo se entiende la posición de Tarek William Saab sobre la existencia de presos políticos en Venezuela?
R: Desde que asumió como Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, el Sr. Tarek William Saab ha sido parte de la estrategia de criminalización y estigmatización de la disidencia política que mantiene el Ejecutivo venezolano, al negar la existencia de personas privadas de libertad por razones políticas y calificarlas como “delincuentes” y “terroristas”.
Para Provea, en la actualidad hay más de 2.000 presos políticos que incluye a personas detenidas por ejercer derechos consagrados en la Carta Magna o personas que han sido privadas de libertad para sostener la narrativa oficial sobre la existencia de planes conspirativos y a partir de allí afianzar la lógica represiva.
¿Qué análisis ofrece Provea sobre las detenciones de adolescentes en el marco de las protestas postelectorales, y cómo evalúan la respuesta del Estado?
R: La detención masiva de niños, niñas y adolescentes por razones políticas es un hecho sin precedentes en la historia venezolana.
Los estándares internacionales de protección de derechos humanos y la legislación nacional protegen de forma especial a los menores de edad por considerarlos parte de una población en situación de vulnerabilidad que debe ser amparada por un interés superior de protección en su proceso de formación y crecimiento. En Venezuela, no solo se ha detenido masivamente a niños y niñas tras las protestas post-electorales, sino que además estos jóvenes han sido víctimas de graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa. Sus madres han denunciado episodios de torturas, desapariciones forzadas y abusos sexuales, entre otras cosas. Además de todos estos abusos a los que han sido sometidos, están siendo acusados de terroristas en procesos judiciales sin ningún tipo de garantías.
¿Qué impacto tienen las declaraciones del fiscal general al calificar a los detenidos como “criminales” o “terroristas”?
R: Forma parte de una narrativa que estigmatiza y deshumaniza a los detenidos y además refleja la parcialización del Ministerio Público y el Sr. Tarek con el discurso de las autoridades del gobierno de Maduro. Además, contribuye a la negación de sus derechos.
¿Qué interpretan de las cifras de detenidos y el contexto de las protestas postelectorales?
R: Hemos pasado de un período de persecución selectiva a uno de persecución masiva y del uso de mecanismos blandos de represión, como describió la Misión de Determinación de los Hechos de ONU, al empleo de los más duros mecanismos para castigar a las personas.
Un claro ejemplo del ascenso de la represión es que en el ciclo de protestas registrado en Venezuela durante al año 2014, entre los meses de febrero y mayo, fueron detenidas un promedio 28,8% diariamente. En las protestas de 2017, entre abril y agosto, un promedio cercano a 17 personas, fueron detenidas cada día por los agentes de seguridad. En 2019, durante las protestas realizadas entre enero y mayo de ese año, cerca de 16 personas fueron detenidas cada día por las autoridades. En Nicaragua, el ciclo de protestas de 47 días registrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019 dejó un saldo de casi 11 personas detenidas diariamente.
En el ciclo de conflictividad post-electoral Venezuela de 2024 la cifra promedio de detenidos, día tras día, durante 16 días, se elevó a 150 personas.
¿Qué mecanismos proponen ustedes para garantizar la protección de los derechos humanos de los detenidos y los adolescentes privados de libertad?
R: Lo primero es afirmar que todas las personas detenidas por razones políticas deben ser puestas en libertad.
La Constitución garantiza los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, la inviolabilidad del hogar, la libre expresión y el derecho a la manifestación y asociación pacíficas, entre otros. Esos y otros derechos son precisamente los que no están siendo garantizados por las autoridades venezolanas. Con que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, acate las recomendaciones de los órganos internacionales de protección, investigue a los responsables de graves abusos y brinde garantías de no repetición es suficiente para avanzar en la dirección correcta.
Provea considera que el esfuerzo de los venezolanos debe ser acompañado por el respaldo de la comunidad internacional y los distintos mecanismos de protección de los Derechos Humanos para impedir una escalada aún mayor de abusos.
¿Qué responden ante las comparaciones hechas por Saab entre las detenciones en Venezuela y otros países, como Israel?
R: El Sr. Tarek debería concentrarse en brindar respuestas a las víctimas de abusos que todos los días tocan las puertas de su despacho. El Ministerio Público se ha convertido en el brazo ejecutor de la persecución política en el país y desde hace muchísimo tiempo está de espaldas a los intereses de la justicia y la verdad.
Ciertamente, hay muchos otros casos de situaciones de violaciones masivas de derechos humanos en el mundo; hay organizaciones en terreno que lo documentan y nosotros desde Venezuela nos solidarizamos con todas las víctimas y estaremos siempre exigiendo memoria, verdad y justicia. Nuestra guía es Desmond Tutu, clérigo sudafricano, Nobel de la Paz 1984, quien decía: «Si eres neutral en situaciones de injusticia, es que has elegido el lado opresor».
Bueno, precisamente, Provea lo que hace en fidelidad al rol que ejercemos en la sociedad es levantar la voz ante claras evidencias de abusos de poder, arbitrariedades y desconocimiento de las garantías judiciales de los venezolanos.
Las competencias del Fiscal Saab están circunscritas a Venezuela. Le solicitamos que acate su mandato constitucional.
Desde la perspectiva de Provea, ¿qué mensaje envía el Estado venezolano al negar la existencia de presos políticos y minimizar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos?
R: Es una conducta reiterada de negacionismo. Una conducta que día a día cobra nuevas víctimas y consolida la impunidad estructural que hemos denunciado desde hace bastante tiempo.
Por otro lado, es importante también recordar las obligaciones de la Defensoría del Pueblo, cuya labor puede marcar una diferencia en cuanto a la canalización de las denuncias y peticiones de los familiares de los detenidos. El artículo 280 de la Constitución dice expresamente que La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, debe velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad. Además, de inspeccionar libremente las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos.