Con la detención este 10 de abril de la periodista Nakary Ramos, reportera del medio digital Impacto TV, suman ya 14 comunicadores presos por organismos de seguridad sin que se les pueda comprobar delitos o se les garantice el debido proceso.
A esta joven periodista, de 29 años de edad, los tribunales le imputan los supuestos delitos de instigación al odio y difusión de «noticia falsa», debido a que hace una semana ella publicó un video en sus redes sociales y en el portal en el que trabaja sobre los rumores de incremento de la inseguridad en Caracas.
Junto a ella fue detenido su esposo, el videógrafo Gianni González, quien trabaja con Ramos en la grabación de reportajes.
En Venezuela, la detención de periodistas ha sido un tema recurrente en el contexto de la crisis política y social del país. En los últimos años, organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y Espacio Público han documentado múltiples casos de periodistas detenidos, especialmente en momentos de tensión política, como elecciones, protestas o eventos significativos para el gobierno.
Estas detenciones suelen estar relacionadas con la cobertura de manifestaciones, críticas al gobierno o reportajes sobre temas sensibles como corrupción, violaciones de derechos humanos o la crisis económica.
Las ONG de defensa a periodistas incluyen en la lista de detenciones a Ramón Centeno, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Roland Carreño, José Camero, Víctor Hugas, Biagio Pilieri, Julio Balza, Leandro Palmar, Salvador Cubillán, Rory Branker, y Juan Francisco Alvarado.
Contexto reciente
Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuya legitimidad fue cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, se reportó un aumento en la represión contra la prensa.
Según el CNP, al menos 14 trabajadores de la prensa permanecían detenidos hasta abril de 2025, con casos que datan desde 2021 hasta los más recientes en 2025. Algunos fueron liberados bajo restricciones judiciales, pero otros siguen en prisión, enfrentando cargos como «terrorismo», «incitación al odio» o «asociación para delinquir».
Estos cargos suelen ser criticados por organizaciones internacionales como intentos de criminalizar el periodismo.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) han condenado estas prácticas, exigiendo la liberación de los detenidos y el cese de la censura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a algunos periodistas en riesgo.
La represión contra la prensa en Venezuela sigue siendo una herramienta para silenciar voces críticas, especialmente en un contexto de creciente control gubernamental sobre los medios y las redes sociales.
La falta de transparencia en los procesos judiciales y las condiciones de detención agravan la situación, mientras que el éxodo de periodistas y el cierre de medios han debilitado el acceso a información independiente en el país.