La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares de protección al dirigente de Voluntad Popular, Víctor Borjas, y al estudiante Manuel Muñoz, quien es coordinador de Vente Venezuela en Caracas.

Explicaron en un comunicado, este 27 de enero, que adoptaron la decisión «tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela».

A Borjas lo apresaron el 9 de enero en Maracaibo, estado Zulia, cuando participaba en la protesta opositora nacional e internacional en defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio de 2024, como sostiene la oposición mayoritaria en Venezuela.

Mientras que a Muñoz también lo detuvieron ese mismo día, pero en Caracas. Él junto a cientos de personas participó en la concentración en la capital venezolana donde reapareció la líder opositora María Corina Machado, quien permanecía en la clandestinidad desde el 28 de agosto de 2024.

«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Cidh consideró que los beneficiarios se encuentran en una situación de riesgo, susceptible a una mayor afectación de sus derechos. Esto considerando que no se conocerían sobre sus paraderos, ni se cuenta con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender su situación de riesgo o sobre cualquier medida para dar con su ubicación», dijo la Comisión, una instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sobre Muñoz, la ONG Coalición por los DDHH y la Democracia informó el 15 de enero que lo habían excarcelado, pero que sus familiares pidieron guardar discreción sobre esta medida.

Esto exige la Cidh a favor de Víctor Borjas y Manuel Muñoz

Entre tanto la Cidh exigió a la administración de Nicolás Maduro adoptar las siguientes medidas para defender la integridad de Borjas y Muñoz:

  1. Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Víctor Manuel Borjas Albornoz y Manuel Alejandro Muñoz Camacho. En particular, informe de manera oficial si se encuentran bajo custodia del Estado y las circunstancias de sus detenciones; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar sus respectivos paraderos o destinos;
  2. Establezca las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos:
    1. se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes; y
    2. se informe de manera oficial sobre su situación jurídica en el marco del proceso penal en el que estarían involucrados, tal como las razones por las que no han sido puestos en libertad hasta la fecha, y si han sido presentados ante un tribunal para revisión de su detención;
  3. Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
  4. Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

A lo largo de 2024 y en lo que va de 2025, la Cidh ha decidido medidas de protección para dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas en Venezuela, en el contexto de la campaña electoral, las presidenciales del 28J y tras las detenciones por las protestas poselectorales.

Incluso publicaron un informe en el que denunciaron la política de «terrorismo de Estado» por parte de la administración chavista en contra de quienes adversen su gestión.