El chileno Claudio Grossman, exdecano de la Facultad de Derecho de la American University de Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejó su cargo en la Corte Penal Internacional (CPI) en protesta por lo que considera un fracaso injustificado de su fiscal jefe para acusar a miembros del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad
El destacado abogado de derechos humanos fue nombrado asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre de 2021. En ese puesto no remunerado asesoró a Khan sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicó The Associated Press.
En un duro correo electrónico enviado el mes pasado a Khan, Grossman dijo que sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el gobierno de Maduro continúa cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas – sin ninguna acción de la CPI.
«Ya no puedo justificar la elección de no tomar medidas correspondientemente serias contra los autores de las graves violaciones», escribió Grossman en un correo electrónico rechazando una oferta de la oficina de Khan en septiembre para renovar su contrato.
Una persona familiarizada con la investigación de la CPI sobre Venezuela facilitó a la AP una copia del correo electrónico, que no se ha hecho pública. Una llamada telefónica de Khan pidiendo a Grossman que reconsiderara también fracasó, según la persona en condición de anonimato para discutir la investigación políticamente sensible.
Tras las averiguaciones de AP con la oficina de Khan, el nombre de Grossman fue retirado de la página web del tribunal en la que figuraba como asesor especial.
«El fiscal está muy agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado», dijo la oficina del fiscal en un comunicado sin abordar las razones declaradas por Grossman para cortar lazos con el tribunal con sede en La Haya, Países Bajos. Grossman declinó hacer comentarios.
Los llamamientos para que se acelere la única investigación de la Corte en América Latina se han hecho más fuertes a medida que Maduro se afianza en el poder, preparándose para jurar un tercer mandato el 10 de enero, tras unas elecciones empañadas por graves acusaciones de fraude en las urnas y una represión postelectoral. Más de 2.000 personas fueron detenidas y 20 asesinadas tras los comicios.