El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) pidió este sábado la liberación de su dirigente político Freddy Superlano, quien fue detenido hace siete meses, tras las presidenciales de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, proclamó una cuestionada victoria para Nicolás Maduro.
"Superlano no ha cometido ningún delito. Eso lo saben todos los venezolanos, que fueron testigos de su gran aporte en la victoria electoral del 28 de julio", manifestó VP en su cuenta de X, en referencia a lo que considera fue el triunfo en las elecciones del líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España.
El partido antichavista reiteró que no olvida a Superlano ni a todos los que considera "presos políticos".
"Seguiremos luchando, dentro y fuera de Venezuela, para verlo libre", indicó la formación.
A Superlano no le dejan ver a sus hijas
Por su parte, Aurora Silva, esposa de Superlano, aseguró este sábado que al miembro de VP se le ha negado el derecho a ver a sus hijas durante los siete meses que ha estado detenido.
"Aurora y Amelia (hijas) todas las noches antes de dormir rezan por ti y le imploran a Diosito que vuelvas a casa pronto. Te extrañamos y te amamos", expresó Silva a través de su cuenta en X.
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El 5 de septiembre de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los antichavistas Perkins Rocha y Biagio Pilieri -también detenidos- con la divulgación de las actas de votación que publicó la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y que exponen como "prueba" del triunfo de González Urrutia, documentos que el chavismo tilda de falsos.
Saab dijo que los opositores, "detenidos en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)", están siendo investigados "particularmente" porque "avalaron", "verificaron", "difundieron" y "divulgaron como real" la página web donde están las actas de votación que recolectó la PUD a través de testigos y miembros de mesa en la jornada electoral del 28 de julio.
Según la ONG Foro Penal, en el país hay 1.060 "presos políticos", la mayoría arrestados tras las presidenciales, algo que niegan la Administración de Maduro y la Fiscalía, que consideran que los detenidos cometieron diversos delitos, lo que rechazan varias ONG y partidos opositores.
