La libertad de prensa en Venezuela se mantiene bajo restricciones estructurales tras la captura de Nicolás Maduro. Gremios periodísticos denunciaron que la censura, los bloqueos digitales y la criminalización impiden el ejercicio informativo pleno.
Líderes del gremio documentan que durante el primer semestre de este año, el ejercicio del periodismo continuó condicionado por la censura, el bloqueo de medios digitales, la criminalización de la labor informativa y una inseguridad jurídica que ha llevado a muchos comunicadores a recurrir a la autocensura para protegerse.
Édgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), reconoce que luego del 3 de enero se abrió una “rendija pequeña” que ha permitido informar un poco más de lo que se hacía antes de esa fecha, pero advierte que el panorama sigue siendo uno de los más restrictivos y complejos, sobre todo por los reportes de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Agresiones contra la prensa
El CNP Caracas contabiliza 134 agresiones contra la prensa entre enero y julio. La intimidación, con 24 casos, fue la principal forma de ataque, seguida del impedimento de cobertura y las detenciones arbitrarias, con 23 casos cada una.
A estas agresiones se sumaron otras prácticas, como obligar a trabajadores de medios a borrar material, deportar a corresponsales extranjeros, ataques directos, hostigamiento, cierre de emisoras de radio, amenazas, decomiso de credenciales e intentos de robo de equipos.
“Más allá de lo que afirman las autoridades, el ecosistema comunicacional sigue funcionando bajo un esquema de control”, expresa Cárdenas, quien señala que persiste un marco jurídico —que incluye la Ley contra el Odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley Simón Bolívar— sancionatorio y punitivo que vulnera los derechos a la libertad de información y de expresión, y es aplicado de manera discrecional.
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