Humberto Castro, un venezolano de 59 años, conducía hacia su trabajo como todos los días desde su casa en Doral, donde vive desde hace ocho años, cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
“Mi papá tiene su permiso de trabajo con validez hasta el 2030. Su asilo está pendiente. Estaba yendo a su trabajo, manejando normal, y lo pararon y esposaron”, relató su hija, Arianna Castro, de 29 años.
Castro llegó a Estados Unidos con una visa y mantiene una solicitud de asilo pendiente. De acuerdo con su hija, tampoco tiene antecedentes criminales.
Preocupación en Florida
El caso de Castro ocurre en medio de una ola de arrestos de inmigrantes en el sur de Florida que ha generado preocupación entre la comunidad venezolana, una de las más numerosas del país.
Organizaciones del exilio ahora reclaman respuestas a los representantes del sur de Florida en el Congreso y piden medidas concretas para revisar las detenciones de venezolanos que tienen procesos migratorios pendientes.
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) elaboraron un informe que fue enviado a congresistas y senadores con solicitudes para investigar estos casos.
El documento sostiene que los venezolanos se han visto afectados por la eliminación de protecciones temporales y humanitarias. También advierte sobre detenciones de personas con solicitudes de asilo pendientes y otros procesos migratorios abiertos.
Según el reporte, algunos detenidos incluso han enfrentado procesos de deportación hacia terceros países, entre ellos Liberia.
¿Cuántos venezolanos están detenidos?
El informe también cuestiona la falta de información pública sobre la cantidad de venezolanos detenidos por las autoridades migratorias y sobre sus antecedentes penales o procesos migratorios.
Como referencia, señala que hasta julio había unas 65.765 personas bajo custodia del ICE y que más de 70 % no tenía antecedentes criminales.
El documento también registra al menos tres casos de venezolanos detenidos entre julio y agosto que contaban con autorización de empleo y solicitudes de asilo pendientes.
Helen Villalonga, presidenta de Amavex, considera que las actuales políticas migratorias de la Administración de Donald Trump han afectado severamente a la comunidad venezolana.
“La política migratoria de la Administración de Donald Trump ha lastimado de manera brutal a la comunidad”.
Venezolanos reclaman acciones
Casi la mitad de los habitantes de Doral, ciudad del condado Miami-Dade, son venezolanos. La municipalidad suscribió el año pasado un acuerdo 287(g) para colaborar con las autoridades migratorias.
Una parte importante de la comunidad venezolana del sur de Florida respaldó a Trump en las elecciones anteriores, con la expectativa de que su Gobierno aumentaría la presión sobre Nicolás Maduro y que las deportaciones estarían enfocadas principalmente en criminales y personas vinculadas al chavismo. Según Villalonga, esa percepción ha cambiado entre algunos sectores de la comunidad.
Incluso venezolanos vinculados al Partido Republicano se comunicaron con ella después de conocer el informe para expresar su preocupación. “Esto no era por lo que votamos. Esto no era lo que estábamos esperando”, le dijeron, de acuerdo con Villalonga.
La presidenta de Amavex explicó que el informe busca aumentar la presión sobre los congresistas del sur de Florida antes de las elecciones de noviembre.
Aunque algunos legisladores han expresado públicamente su respaldo a los venezolanos, las organizaciones consideran que esas declaraciones no se han traducido en soluciones concretas.
“Ya estamos cansados de que los legisladores se pronuncien a través de sus redes sociales o que manden una carta. Lo que necesitamos son acciones dentro del Congreso inmediatas, son acciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional, dentro del Departamento de Estado”.
¿Qué piden las organizaciones al Congreso?
El informe plantea varias solicitudes dirigidas al Congreso y a las autoridades migratorias estadounidenses. Entre ellas se encuentra la realización de audiencias de supervisión sobre las detenciones de venezolanos y la publicación de reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE.
Las organizaciones también solicitan información sobre la nacionalidad de los detenidos, sus antecedentes penales y la existencia de procesos migratorios pendientes.
Además, plantean una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre los arrestos realizados en aeropuertos.
El documento también pide al DHS y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revisar individualmente los casos de personas sin antecedentes que mantienen procesos migratorios abiertos y buscar alternativas a la detención.
Veppex denuncia
José Antonio Colina, presidente de Veppex, sostuvo que las medidas adoptadas por la Administración estadounidense se han alejado de las solicitudes formuladas por las organizaciones venezolanas. “Pareciera que todo lo que hemos estado pidiendo, la Administración ha hecho lo contrario".
Colina aclaró que Veppex respalda el cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses, pero cuestionó que las políticas terminen asociando a toda la migración venezolana con actividades criminales.
“Estamos de acuerdo en que el Gobierno quiera hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos, eso me parece que está bien. Lo que no nos parece que está bien es que intenten criminalizar la inmigración venezolana”.
También señaló que muchos venezolanos que solicitaron asilo político ahora están siendo detenidos porque una solicitud de asilo pendiente no constituye por sí misma un estatus migratorio. En su opinión, los legisladores deben pasar de las declaraciones públicas a acciones concretas.
“Los legisladores tienen que pasar de lo comunicacional a los hechos, porque los hechos y las acciones lo que demuestran es que ni han sido contundentes ni consistentes”, manifestó.
Legisladores de Florida
Colina también cuestionó la capacidad de los legisladores republicanos del sur de Florida para influir en las decisiones de la Casa Blanca.
“Yo particularmente creo que ellos, los legisladores del sur de la Florida, no tienen ningún tipo de poder dentro de la Casa Blanca en estos momentos. No los escuchan".
Los representantes republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas para el reporte. El DHS tampoco respondió.
Por otra parte, la congresista demócrata Debbie Wasserman-Schultz manifestó su preocupación por las recientes operaciones de ICE contra inmigrantes en aeropuertos.
“Me preocupa profundamente la reciente ofensiva del ICE para arrestar en los aeropuertos a venezolanos, haitianos y otros inmigrantes que respetan la ley”, declaró a EL PAÍS.
La congresista señaló que ha comunicado sus preocupaciones al DHS sobre diferentes asuntos relacionados con ICE, incluido el incremento de las operaciones en aeropuertos y comunidades, pero aseguró que hasta ahora no ha recibido una respuesta concreta.
La supervisión del ICE
La oficina de Wasserman-Schultz explicó que distintos reportes han mostrado un aumento de la actividad de ICE en los aeropuertos, aunque no exclusivamente contra venezolanos.
Sin embargo, señaló que para que la GAO inicie una investigación se requiere una solicitud de altos líderes del Congreso o de presidentes o miembros de mayor rango de comités o subcomités con jurisdicción sobre el asunto.
La congresista no pertenece a esas categorías en materia de supervisión del ICE, aunque su oficina aseguró que está evaluando las alternativas disponibles para impulsar una investigación y una supervisión más rigurosa.
La situación coloca bajo especial atención a Giménez y Salazar, quienes ocupan posiciones de supervisión relacionadas con seguridad nacional y política exterior.
Giménez preside el subcomité de Seguridad Nacional encargado de la seguridad aeroportuaria, mientras que Salazar dirige el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, con jurisdicción sobre las relaciones con América Latina.
El cambio
Desde el comienzo del segundo mandato de Trump, las políticas migratorias hacia los venezolanos han experimentado nuevos cambios.
La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó sin efecto el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos que la Administración de Joe Biden había extendido hasta octubre de 2026. Posteriormente, el DHS terminó las designaciones de TPS correspondientes a 2021 y 2023, además de otros programas humanitarios.
La ofensiva migratoria se extendió posteriormente a personas con solicitudes de asilo pendientes que contaban con autorización de empleo. Ahora, según el reporte citado por EL PAÍS, agentes de ICE están deteniendo a personas cuyos casos de asilo permanecen pendientes, pero cuyas visas expiraron.
El DHS también ha permitido que determinados casos de asilo pasen directamente a los tribunales de inmigración sin una entrevista previa con USCIS.
Proteger a venezolanos
Los tres principales legisladores republicanos del sur de Florida habían solicitado anteriormente un trato diferenciado para venezolanos sin antecedentes que huyeron de la persecución política.
Giménez pidió en enero a Noem una “solución caso por caso” para los exiliados.
Por su parte, Salazar impulsó un proyecto de ley bipartidista para otorgar TPS a venezolanos que respetan la ley y volvió a solicitar protección para esta comunidad en marzo.
Sin embargo, las organizaciones venezolanas consideran que esas gestiones no han producido hasta ahora los resultados que esperan.
El caso de Humberto Castro
Mientras continúa el debate sobre las políticas migratorias, Humberto Castro permanece detenido en las oficinas de ICE en Miramar, al norte de Miami. Su familia intenta conseguir su liberación bajo fianza.
Para Arianna Castro, la situación ha cambiado la percepción de seguridad de su familia en Estados Unidos. “Se siente totalmente irreal. Nosotros vinimos buscando una vida mejor y lo único que hemos hecho es trabajar, construir una vida acá y aportar a la comunidad”.
La joven contó que tanto ella como su hermana se graduaron en la universidad y que actualmente trabaja como enfermera. “Ahora mi esposo no quiere que yo salga de la casa. Es raro volver a ese miedo que tuvimos alguna vez en Venezuela, de que no podíamos salir, porque nos iban a perseguir. No puedes vivir así".
