Uruguay reactivará en los próximos días el mecanismo consular con Venezuela tanto en Montevideo como en Caracas, aunque no cambiará su decisión política en relación al no reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones presidenciales en dicho país.
Así lo explicó este jueves a la Agencia EFE el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, quien remarcó la importancia de esto para facilitar la vida los uruguayos que viven en Venezuela.
El gobierno de Maduro también confirmó esta reactivación consular con Uruguay, a través de un comunicado en el que no se precisó la fecha ni se aportó más información sobre si retomará relaciones diplomáticas con Uruguay.
La misma información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, que informó que esta decisión se adoptó tras un trabajo en conjunto con Venezuela.
Relaciones tensas entre Uruguay y Venezuela
El martes, Lubetkin recordó la situación de Fabián Buglione, detenido cuando ingresó a Venezuela en octubre de 2024 y por quien los Gobiernos de Uruguay y Estados Unidos llevan a cabo acciones de cooperación en el seguimiento de su condición y en busca de su liberación.
También el de un uruguayo que se encontraba en el país caribeño y allí perdió la vida.
Añadió que varias problemáticas de la vida diaria que puedan darse son resueltas por los consulados y remarcó las complicaciones que generan que esté todo cerrado.
El quiebre diplomático entre Uruguay y Venezuela se consolidó tras la llegada al poder del entonces presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), cuando el país adoptó una postura más crítica frente al Gobierno de Maduro, a diferencia de la Administración de Tabaré Vásquez (2015-2020), que había optado por la neutralidad.
Lacalle Pou cuestionó abiertamente la legitimidad de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 -cuando el ente electoral proclamó una cuestionada reelección para Maduro- y se alineó con otros países de la región que denunciaban violaciones a los derechos humanos en ese país.
Esta postura generó tensiones crecientes, que culminaron en julio de 2024, cuando el Gobierno de Maduro exigió la salida inmediata de los representantes diplomáticos de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, en respuesta a sus pronunciamientos sobre el proceso electoral venezolano.