Un Mundo Sin Mordaza denunció múltiples violaciones de derechos humanos en Venezuela, que incluyen desde la restricción de la libertad de expresión hasta deficiencias en el acceso a servicios básicos y bajos ingresos de los trabajares, especialmente del sector público.
El informe anual de 2023 de la organización, que aborda 14 derechos que corresponden a 10 áreas temáticas, destaca que estas violaciones no solo afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y el sistema de justicia.
“La situación es crítica y requiere una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades y la comunidad internacional para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todos los venezolanos”
Ataque a libertad de expresión
En primer lugar la organización destacó el registro el año pasado de 33 detenciones arbitrarias de periodistas y ciudadanos, incluyendo el asesinato de un comunicador social, y 118 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones contra civiles y trabajadores de prensa.
El 45,5% de los casos correspondió a sanciones administrativas, el 22,7% a presiones para el cierre de programas, y el 13,6% implicó la confiscación de equipos.
Los medios afectados incluyen el 13,6% de los canales de televisión, el 9,1% de los medios impresos, el 72,7% de las estaciones de radio y el 4,5% de los podcasts.
Además, se registraron 12 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales realizados por el Estado y proveedores de servicios de Internet, así como ataques cibernéticos y denuncias falsas en redes sociales.
Un Mundo Sin Mordaza consideró evidente que las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela continúan siendo una preocupación grave.
“Los periodistas y los medios de comunicación enfrentan un entorno hostil, con detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y agresiones. Asimismo, los ataques a los medios de comunicación, como la confiscación de equipos y los bloqueos digitales, buscan controlar y silenciar las voces independientes”.
El derecho al trabajo remunerado y digno
En materia económica, en el documento se mencionan los desafíos en cuanto al derecho a un trabajo remunerado y digno y destaca la disparidad salarial entre el sector público y privado.
Mientras el salario mínimo público, incluyendo bonificaciones, fue de alrededor de $40 mensuales en 2023, el privado promedió $202.
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El derecho a un nivel de vida adecuado también estuvo comprometido. La inflación anual de 193%, aunque menor al 305% de 2022, redujo el poder adquisitivo.
También el aumento del dólar oficial en 106% afectó la capacidad de compra, con la canasta básica en $396, según el informe. Los alquileres de viviendas oscilaron entre $100 y $650, con exigencias de pagos anticipados elevados, dificultando el acceso a la vivienda.
Aseo urbano, electricidad, agua y gas
Un Mundo Sin Mordaza también incluyó aseo urbano, electricidad, agua y gas entre los servicios básicos analizados en su informe.
La organización encontró que el 78% de las personas tenía acceso a este servicio. Pero, la calidad y satisfacción varió según la región. Mérida, Valencia y San Cristóbal reportaron altos niveles de satisfacción, mientras que Maracaibo, San Fernando de Apure y Barquisimeto mostraron percepciones negativas significativas.
El estudio evidenció frecuentes interrupciones eléctricas. El 54,7% de los encuestados experimentó una o más diarias. Los principales problemas mencionados: fluctuaciones constantes y racionamiento.
La gran mayoría de la población, el 95%, utilizó el gas como fuente principal de cocción en 2023. Sin embargo, 50,9% usó de métodos alternativos de cocción, lo que indica posibles dificultades en el acceso al gas, según el informe.
La mayoría de los hogares (76,9%) usó bombonas individuales, con frecuencia de recarga insuficiente en algunas ciudades como Valencia y San Cristóbal.
El 64,9% de los encuestados evaluó negativamente el servicio de agua potable en 2023, un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a la medición anterior.
Solo el 23% de los encuestados tuvo acceso continuo al agua potable, y un 4,9% no tuvo ningún suministro. Además, el 22,6% recibió agua dos o tres días a la semana, mientras que otros solo una vez al mes.
Desafíos en la atención médica
En cuanto al derecho al acceso a la atención médica, Venezuela enfrentó en 2023 serios desafíos en términos de disponibilidad y calidad de servicios, se señala en el informe.
La disponibilidad de insumos médicos de emergencia muestra, en datos recientes, que los inhaladores para asma, analgésicos mayores y antihipertensivos están disponibles de manera irregular, con un alto porcentaje de días sin existencias, indicó Un Mundo Sin Mordaza.
Entre enero y septiembre de 2022, el índice de desabastecimiento de medicamentos y suministros médicos fue del 42%, reduciéndose al 39% en 2023, de de acuedo con el informe. Sigue siendo un porcentaje significativo que “pone en peligro la vida de pacientes con condiciones críticas como la hipertensión”.
Además, el 75% de los hospitales -según el análisis- enfrentó regularmente escasez de medicamentos antihipertensivos, obligando a familiares a buscar estos medicamentos fuera de los hospitales.
“La disponibilidad de camas de emergencia operativas y personal de salud también muestra variaciones preocupantes. El número de camas se redujo de 37 en 2022 a 34 en 2023, lo que refleja un estancamiento en la capacidad de respuesta ante emergencias”.
La disponibilidad de personal médico, tanto durante el día como la noche varió, lo cual pudo afectar la calidad y rapidez de la atención médica.
Educación y migración
En cuanto a educación, Un Mundo Sin Mordaza reveló una brecha de aprendizaje entre colegios privados y públicos, con estudiantes de planteles privados obteniendo consistentemente mejores resultados, lo que subraya las inequidades en el sistema educativo venezolano.
También mencionó deficiencias en la infraestructura de las casas de estudio de nivel superior, así como acoso presupuestario y al menos 40 violaciones a la autonomía universitaria.
En el informe anual también se detallan las dificultades para los migrantes venezolanos, cuyo derecho a la identidad y documentación no está siempre garantizado.
Los migrantes enfrentaron serias barreras para la obtención y mantenimiento de documentos de identificación válidos, como pasaportes y cédulas de identidad, especialmente en Colombia, Chile, Argentina, México y Ecuador.
En venezuela, el derecho a la protección contra la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, se vio comprometido especialmente entre los presos políticos, que en 2023 sumaron 257, quienes frecuentemente -según la organización- son víctimas de estos abusos por parte de las autoridades.
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