Representantes del sindicato del transporte público del estado Lara advirtieron que el sector enfrenta una creciente crisis operativa debido a las fallas en el suministro de combustible subsidiado, las restricciones para el uso de cilindros de gas natural vehicular (GNV), el deterioro de la vialidad y el retraso en la entrega de permisos de operación, factores que, aseguran, comprometen la continuidad del servicio en la entidad.
Durante una rueda de prensa, los voceros hicieron un llamado a las autoridades nacionales, regionales y municipales para instalar mesas de trabajo que permitan atender las principales demandas del sector.
Richard Pérez, directivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Similares y Conexos del Transporte en Venezuela, seccional Lara, afirmó que el combustible subsidiado que reciben los transportistas resulta insuficiente para cubrir las jornadas laborales.
Explicó que, aunque el sistema biométrico registra una asignación de 120 litros por unidad, en la práctica los conductores reciben aproximadamente 60 litros por abastecimiento.
Según indicó, los transportistas solo logran surtir combustible subsidiado dos veces en algunas semanas, mientras que las unidades que utilizan gasoil reciben alrededor de 70 litros por carga, cantidad que, aseguró, alcanza para un día y medio de trabajo.
Esta situación obliga a muchos conductores a comprar combustible a precio internacional, equivalente a 0,50 dólares por litro, para poder mantener las rutas operativas durante toda la semana.
Pérez también denunció demoras en los procesos de permisología para diversas líneas de transporte, algunas de las cuales, dijo, llevan entre dos y tres años esperando respuesta por parte de las autoridades competentes.
En ese sentido, solicitó a la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT) agilizar los trámites y pidió al alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, abrir espacios de diálogo con los representantes del sector para abordar las distintas problemáticas que afectan la prestación del servicio.
Otro de los temas expuestos durante la rueda de prensa fue el estado de la infraestructura vial en Lara.
Los dirigentes señalaron que importantes arterias como la avenida Florencio Jiménez, sectores de La Paz, La Gallera, El Coriano, El Paraíso y los accesos hacia El Tostao presentan un avanzado deterioro que afecta diariamente a las unidades de transporte.
De acuerdo con Pérez, las malas condiciones de las carreteras provocan daños constantes en el tren delantero de los vehículos, incrementan los costos de mantenimiento y elevan el riesgo de accidentes.
Asimismo, aseguró que algunos transportistas prefieren limitar el servicio hacia determinadas comunidades debido al mal estado de las vías.
Por su parte, Briamt Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Similares y Conexos del Transporte en Venezuela, seccional Lara, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema de Gas Natural Vehicular (GNV), utilizado por entre el 70 % y 75 % de las aproximadamente 3.500 unidades que conforman la mancomunidad Iribarren-Palavecino.
Explicó que numerosos transportistas no están logrando recalificar cilindros fabricados en 1997, situación que limita el abastecimiento de combustible alternativo y reduce la capacidad operativa de muchas unidades.
Reyes sostuvo que la resolución emitida por PDVSA contempla una prórroga para la recalificación de cilindros, pero, según afirmó, no establece restricciones por año de fabricación.
Además, insistió en que ningún cilindro debe ser descartado únicamente mediante inspección visual, sino después de superar las pruebas técnicas correspondientes, entre ellas la prueba hidrostática.
El dirigente sindical también solicitó al Ejecutivo nacional y a PDVSA la instalación de un centro de recalificación de cilindros de GNV en el estado Lara para disminuir los costos que actualmente deben asumir los transportistas al trasladarse a otras regiones.
Recordó que de las 22 estaciones de servicio con GNV existentes en la entidad, solo nueve permanecen operativas, lo que obliga a los conductores a esperar durante varias horas, e incluso pernoctar, para poder abastecer sus unidades.
Asimismo, pidió la realización de una reunión nacional entre PDVSA y los gremios del transporte para evaluar soluciones que permitan garantizar la continuidad del suministro de este combustible alternativo.
En relación con la tarifa del transporte urbano, Reyes señaló que el ajuste a 0,25 dólares fue acatado en los nueve municipios del estado Lara como parte de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo nacional.
No obstante, aseguró que ese monto continúa siendo insuficiente para cubrir los costos de operación del servicio.
El dirigente reiteró que el sector mantiene la propuesta de fijar la tarifa en 0,50 dólares, aunque reconoció las limitaciones económicas que enfrentan los usuarios.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno nacional para continuar el diálogo con los gremios del transporte y abordar otros temas prioritarios, como la renovación de la flota, el abastecimiento de combustible y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para garantizar un servicio eficiente y sostenible.
Los representantes sindicales coincidieron en que la solución de estas problemáticas requiere coordinación entre las autoridades y el sector transporte, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio público para miles de usuarios que diariamente dependen de este sistema de movilidad en el estado Lara.
