Ante el interés que ha despertado en muchas organizaciones venezolanas la elección de un fiscal general, desde Transparencia Venezuela insistieron en la importancia de considerar la necesidad de cambios en la estructura del Ministerio Público.
Aseguraron que en el listado de postulados publicado por la Asamblea Nacional vemos algunos nombres de reconocida trayectoria ética y profesional, y es meritorio que estén dispuestos a asumir esta gran tarea. Sin embargo, el reto de combatir la captura institucional previa, las redes de corrupción activas y la baja confianza pública debería comenzar con un nuevo diseño de la institución que tenga como propósito superar:
- La falta de independencia frente al poder político.
- La alta provisionalidad y falta de carrera en el Ministerio Público.
- La concentración excesiva de poder en el cargo de fiscal general.
- El uso político del sistema penal.
- La impunidad estructural.
- La falta de transparencia y rendición de cuentas.
- La debilidad técnica y organizativa.
- La desconfianza ciudadana y subregistro del delito.
Y para que el nuevo modelo de Fiscalía se implemente y tenga capacidad de ejecución se requieren dos condiciones:
- Autonomía financiera, es decir, recursos para todo el sistema de justicia. Los recursos para los órganos del Poder Judicial no han llegado a 1,5% del presupuesto nacional en las últimas décadas.
- Independencia política, funcional, relaciones de respeto y acatamiento ante – y sobre- el resto de los organismos de justicia, policiales, investigación, de prisiones, y los otros poderes del Estado.
Debilidades del Ministerio Público
Las debilidades de la Fiscalía General de la República en Venezuela y del Ministerio Público en general no son puntuales ni recientes: son estructurales, acumuladas durante años y ampliamente documentadas por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos, según publicó la ONG Transparencia Venezuela.
Para la organización, cuyos dirigentes están en el exilio víctimas de la persecusión, el Ministerio Público ha sido caracterizado como una estructura que criminaliza, persigue y viola los derechos de todos los venezolanos, es visto como cómplice de la gran corrupción transnacional y garante de la impunidad.
"Es una de las instituciones instrumentalizadas para proteger la dictadura y se reconfiguró para hacerlo con gran efectividad. La Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino muchas veces como instrumento del poder".
Para la ONG, este accionar de la Fiscalía no es obra solo del fiscal general, se sostiene en un complejo entramado de leyes, normas, procedimientos y equipos que están alineados con el resto del sistema de justicia y que responden a los intereses del poder autoritario.
Lee el comunicado completo de Transparencia Venezuela.
