Trabajadores de la empresa Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven), acudieron este lunes a la Inspectoría del Trabajo Alfredo Mainero para verificar el avance de la demanda que introdujeron el pasado 8 de junio para exigir que la empresa privada equipare sus ingresos con el mínimo nacional, fijado por el Ejecutivo el pasado 28 de abril de 2026.
El equipo de Correo del Caroní conversó con el secretario de Trabajo y Reclamos del sindicato de Ferroven, Gustavo Barrios, quien confirmó que el próximo 14 de septiembre se instalará una mesa de trabajo entre los representantes de la firma española y dirigentes sindicales con la mediación del ente laboral.
Barrios explicó que la demanda aborda la brecha salarial que existe entre los ingresos que perciben los trabajadores, equivalentes a 65 dólares, con el ingreso mínimo nacional que asciende a 240 dólares. En este sentido, la organización sindical exige que se empiecen a cancelar los 175 dólares restantes.
“Se va a crear una mesa técnica para la cual citaron a todos los actores, pero la empresa no se presentó. Nosotros actualmente cobramos el cestaticket de 40 dólares y un bono de 25 dólares que logramos vía sindical, son 65 dólares. Delcy Rodríguez anunció un ingreso mínimo en base a 240 dólares, entonces la empresa debe completar los 240 dólares. Eso lo pueden hacer bajo el concepto que quieran”, manifestó el trabajador.
Ferroven es una empresa privada española, cuya sede en Venezuela está ubicada en la zona industrial Matanzas. La compañía nació tras la privatización de la estatal Fesilven y su función principal era la producción y comercialización de ferroaleaciones.
Aumento aún no está en Gaceta Oficial
En contexto, la compañía lleva casi una década paralizada, debido a la crisis energética que se vive en la ciudad, lo que provocó que Corpoelec dejara de suministrar la cuota de electricidad necesaria para encender los hornos de la planta. Asimismo, también han reportado escasez de materias primas.
Desde 2022, el sindicato ha hecho diferentes gestiones sin éxito que buscan lograr la reactivación de la empresa, toda vez que los trabajadores no tienen certeza sobre el futuro de sus puestos de trabajo ni el pago de beneficios en caso de culminar la relación laboral.
– ¿Con quién tocan estos temas? ¿Hay representantes de la empresa en Venezuela?
– Allí está el director de fábrica y otros gerentes. Yo me reuní con ellos en representación de sindicato después de acudir a la inspectoría. Solicité información sobre los planes de reactivación de la empresa y solicité información sobre la aplicación del aumento salarial. La respuesta que me dieron fue que la empresa no se niega a cancelar los bonos, sino que el gobierno no ha publicado en Gaceta Oficial esos bonos y no tienen soporte para explicar la situación en la casa matriz de España.
En este sentido, organizaciones como Acceso a la Justicia han denunciado el retardo que existe en la publicación de gacetas en el país, más de 6 meses después del anuncio, el ingreso mínimo aún no está formalmente documentando.
“La ejecución y el desembolso de estos montos sin la debida publicación constituye una grave irregularidad administrativa y jurídica. Al prescindir de esta formalidad legal, se vulnera el principio de seguridad jurídica y publicidad a los actos públicos, dejando a los trabajadores en una situación de incertidumbre institucional ante la falta de un marco normativa oficial que respalde formalmente los ajustes”, expuso la organización en rede sociales durante el mes de mayo.
Según Acceso a la Justicia, el Estado tiene una deuda de más de 100 gacetas oficiales que no han sido publicadas.
